Los famosos trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no han dicho su última palabra. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidida por Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Camps, archivó la causa el pasado 3 de agosto. Una decisión recurrida por la fiscalía en el Supremo, que la apertura parcial del secreto de sumario del caso Gürtel ha puesto de nuevo en el candelero ante la constatación de la exhaustiva investigación policial, de más de 700 páginas, que, sin embargo, no fue suficiente para probar delito alguno.

Según el auto de la sala, contra el que uno de los tres magistrados que formaban el tribunal emitió un voto particular discrepante, el informe no logró probar la relación entre los regalos y la adjudicación de contratos a las empresas de Francisco Correa y Alvaro Pérez, el Bigotes. El fallo judicial no entró a dilucidar si Camps y los otros cuatro acusados de cohecho, entre los que se encontraba el omnipresente Ricardo Costa, secretario general del Partido Popular valenciano, pagaron o no por los trajes. Pero es justo en ese punto donde aparecen las principales contradicciones entre la declaración del presidente de la Generalitat ante el juez, donde solo admitió haber encargado tres trajes que pagó en efectivo, y las grabaciones y los datos aportados por las pesquisas policiales.

30.000 EUROS EN MILANO El punto de partida, como en el resto del caso Gürtel, es la denuncia del exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, ante la Fiscalía Anticorrupción de la existencia de la trama. En una conversación grabada por el propio Peñas el 10 de octubre del 2007 aparece por primera vez una referencia a dichos trajes, que también es la más contundente de todo el relato. Isabel Jordán, una de los testaferros que Correa tenía al frente de sus diferentes empresas, asegura ante el exconcejal haber pagado "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps". Jordán, muy tensa por la acumulación de deudas que acumula ya el entramado investigado, deja muy claro a su interlocutor que ella tiene la factura de la compra. "Yo la he pagado", concluye.

A partir de ahí se inicia la investigación que, como primeras conclusiones, reconoce a Jordán el papel de cabeza visible de la ejecución de la actividad empresarial del grupo delictivo y, al mismo tiempo, de la contabilidad B donde se plasmaron los ingresos y los pagos derivados de las actividades ilícitas, entre ellas el cohecho y el tráfico de influencias. Las pesquisas policiales siguieron el rastro hasta la sociedad Easy Concept Comunicación, dirigida por la imputada, que declaró en el 2005 la compra de trajes a la empresa Milano Difusión, por un importe de 34.336 euros, IVA incluido. El siguiente paso se dirigió a confirmar la venta, lo que obligó a los investigadores a vivir un auténtico periplo por el mundo de los establecimiento de ropa de lujo, ante la dificultad de hallar las facturas que probaran la venta de los trajes.

FACTURAS FALSAS Es entonces cuando aparece en escena el sastre encargado de confeccionar los trajes, José Tomás, que primero trabajó en una tienda de Milano en la calle de Serrano de Madrid y luego dirigió los cinco establecimientos de la marca Forever Young-The Taylor. La investigación le acusa de alterar el concepto de las facturas y falsearlas, siguiendo las instrucciones de los responsables de la trama corrupta para no dejar pistas a la policía. Tomás reconoció ante el juez que las prendas que le encargaron las pagó Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego y mano derecha de Francisco Correa. También señaló, en una declaración confusa y con contradicciones, al Bigotes como contacto prioritario a la hora de cobrar y negó que los cinco clientes imputados pagasen en efectivo.

El empeño de la policía por sacar a relucir el entramado de los famosos trajes llega al extremo de incluir en el informe las fichas con las tallas de los investigados, junto a las facturas reales y las presuntamente falsas, y un extracto de lo que podría haber gastado cada uno.