El Gobierno ha expulsado, al menos, a un extranjero sospechoso de actividades radicales islamistas después del 11-M, en aplicación de la ley de extranjería, que recoge esta posibilidad si representa una amenaza contra la seguridad nacional.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el Ejecutivo está aplicando la ley de extranjería, en concreto, los artículos 54 y 57, que contemplan la expulsión en caso de infracción muy grave, que la comete quien participa en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público.

También contempla la posibilidad de expulsión el hecho de que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta que constituya un delito sancionado con pena de cárcel de más de un año.

Otras fuentes, sin embargo, citadas ayer por El País , hablaban de dos expulsados, sin revelar la identidad, aunque uno de ellos podría ser marroquí. Hasta ahora la ley de extranjería sólo se había aplicado en España contra los inmigrantes irregulares.