Un año después de que el PP llegase a la Moncloa, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió un préstamo de 18 millones de dólares (unos 18 millones de euros, cerca de 3.000 millones de pesetas) a Angel Sanchís, extesorero del partido y uno de los principales implicados en 1990 en el caso Naseiro , un presunto escándalo de corrupción del PP en Valencia y que quedó en nada por un problema procesal.

Según publica esta semana Interviú , Sanchís no ha devuelto el dinero y debe más de 23,53 millones de dólares (unos 4.000 millones de pesetas). El ICO --organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Economía-- todavía no ha iniciado las acciones judiciales para cobrar la deuda, aunque anuncia que irá a los tribunales.

El entonces presidente del ICO, Fernando Becker, autorizó la concesión del crédito el 23 de julio de 1997. La finalidad del préstamo era la plantación de 2.000 hectáreas para la producción de limones y pomelos y la construcción de parte de una fábrica de extracción de derivados del limón para la venta de éstos a Coca-Cola. Este proyecto se tenía que desarrollar en la finca La Moraleja, situada en la provincia argentina de Salta, propiedad de la empresa La Moraleja S.A. Sanchís y su familia son los dueños de esta sociedad.

La empresa del extesorero del PP debía realizar el primer pago, en concepto de devolución de intereses, el 23 de abril del 2001. Pero Sanchís no se dio por enterado. El ICO, presidido ahora por Ramón Aguirre, decidió esperar hasta el 6 de noviembre del 2001. En esa fecha, le envió a Sanchís un requerimiento notarial en el que se fijaba un plazo de 10 días para que la sociedad argentina abonase las cantidades adeudadas. En caso de que La Moraleja no cumpliera con sus obligaciones, el ICO advertía a Sanchís de que procedería a resolver el contrato.

PAGO EN MONEDA DEVALUADA

Sanchís dictó el pasado 13 de marzo una escritura en Buenos Aires, dirigida al ICO, comunicándole que pensaba "regularizar sus saldos deudores y atender los futuros vencimientos en pesos argentinos, en los términos y con el contravalor legalmente establecido". O sea, que decidió por su cuenta pagar en una moneda totalmente devaluada (pesos) la cantidad recibida en dólares.

"Yo quiero pagar, pero necesito que me amplíen el plazo del crédito", dice Sanchís. Pero, augura que si el ICO acude a los tribunales, a él le "hunden", pero avisa de que "el ICO no cobra".