La familia de José Couso, el cámara de Tele 5 asesinado en Irak, decidió ayer presentar una demanda judicial contra el Gobierno, la fiscalía y un juez, tras las filtraciones del portal Wikileaks, que apuntan a contactos entre miembros de la fiscalía española y de la embajada de EEUU en torno a causas investigadas por la Audiencia Nacional.
La demanda pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue "la existencia de una conspiración delictiva" --en referencia al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez-- para que aceptaran "indicaciones e instrucciones impartidas por funcionarios de los EEUU con la finalidad de interferir en la independencia" de la Audiencia. Los familiares de Couso vinculan los hechos al bloqueo de la causa abierta por la muerte de Couso.
CONFIANZA EN LA JUSTICIA En declaraciones a los periodistas, Javier Couso, hermano del cámara, se mostró confiado en la actuación de la justicia porque, según dijo, "debe haber fiscales que también se sientan insultados por el quebrantamiento del Estatuto de la Fiscalía que ha hecho el señor fiscal".
Según la denuncia, las revelaciones de Wikileaks podrían indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo" entre funcionarios y altos cargos españoles con los de una potencia extranjera, con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones judiciales "perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de Estados Unidos".
En concreto, según el escrito de demanda, de los hechos que aparecen en los documentos del Departamento de Estado se deduce una posible violación del secreto del sumario por parte de los funcionarios que tienen obligación de guardar el mismo, lo que habría causado un "grave daño" a la acusación particular.
De los mismos se desprende también --considera la familia de Couso-- que funcionarios españoles habrían realizado un asesoramiento jurídico, algo que tienen prohibido a una potencia extranjera, además de haber dejado "intencionalmente" de perseguir delitos, cuando estaban obligados a hacerlo.
La denuncia de la familia Couso recuerda que la ley española persigue a quienes ayudan a los presuntos responsables de un delito "a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura, lo cual sería aún más grave si estos presuntos responsables" lo fueran por haber cometido un delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado u homicidio.
