Sin pérdida de tiempo. La fiscalía de Madrid comenzó ayer a investigar la trama de espionaje de Madrid. Los fiscales trabajan a todo ritmo antes de que el juez José Sierra admita a trámite la denuncia presentada por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, tras el seguimiento a su vicepresidente y portavoz, Ignacio González. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó ayer al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, que acumule las denuncias presentadas por los afectados de esta red.
González acudió a la fiscalía del TSJM, mientras que el vicealcalde Manuel Cobo y Alfredo Prada, diputado regional que trabaja ahora para Mariano Rajoy, lo hicieron ante la fiscalía de plaza de Castilla.
Moix adoptó ayer las primera medidas. Para hoy ha citado a declarar al periodista de El País Francisco Mercado, a fin de que ratifique las informaciones que ha publicado sobre este asunto. Además, solicitó a la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados, información sobre la relación profesional del expolicía Marcos Peña con esta consejería o cualquier otro organismo de la Comunidad de Madrid.
Esta diligencia no es baladí, ya que fuentes de la investigación sospechan de que Peña puede desenredar esta madeja si confirma que trabaja a las órdenes de Granados o aclara el papel que ha podido jugar Sergio Gamón, que en su día fue jefe de escoltas de la presidenta Aguirre y fue despedido en julio del 2008 después de que fuera sorprendido en el despacho de Prada. Ahora, trabaja a las órdenes de la Consejería de Interior.
PRESUNTOS DELITOS Las fuentes consultadas confirman que se investigan dos presuntos hechos delictivos. Por un lado, Cobo y Prada podrían haber sido investigados por la red que supuestamente trabajaba a las órdenes de Granados, acusación que el consejero desmintió ayer categóricamente; por otro, el espionaje de González, que parece tener otro origen.
La fiscalía quiere actuar con rapidez antes de que el juez Sierra, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), abra un proceso. Este juez dirige la investigación contra clínicas abortistas de Madrid a las que acusa de abandonar fetos en unos contenedores. Por ello reclamó el historial de las mujeres que habían interrumpido en estas consultas su embarazo. Sierra recibió ayer, por reparto, la denuncia de la Comunidad. Una vez que la admita a trámite, la fiscalía tendrá que cerrar su investigación y remitir sus pesquisas al magistrado.
La fiscalía puede llamar antes a Francisco Granados, ya que está facultada para investigar a aforados. Sin embargo, el magistrado del caso debe realizar una mínima actividad instructora antes de elevar una exposición razonada al TSJM si descubre que detrás de esta trama está un consejero de la Comunidad de Madrid, ya que goza de inmunidad parlamentaria.
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