El fiscal general del Estado solo podrá ejercer cuatro años, exactamente lo que dura una legislatura. Cesará al tiempo que lo haga el Gobierno, no podrá ser reelegido y deberá comparecer ante el Congreso antes de que el Rey suscriba su nombramiento. Estas son las novedades en la Fiscalía General del Estado que introduce la ley de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. La norma pasa ahora a las Cortes para su tramitación.
La nueva ley introduce elementos para fortalecer la independencia del fiscal general respecto del Gobierno. Además del examen parlamentario, fija "criterios objetivos" para el cese del fiscal, de forma que el Ejecutivo no pueda relevarlo arbitrariamente. Así, el fiscal general solo dejará de serlo a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la ley, por incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y por el fin de la legislatura.
Como refuerzo de la independencia respecto del Gobierno, el fiscal general estará obligado a reunir a su máximo órgano asesor, la Junta de Fiscales de Sala, siempre que imparta instrucciones a sus subordinados en asuntos que afecten a miembros del Gobierno. También varía su régimen de abstención. Desde que se apruebe la ley, cuando se abstenga ya no resolverá el ministro de Justicia, como hasta ahora, sino la Junta de Fiscales de Sala. Una disposición adicional establece que Cándido Conde-Pumpido deberá someterse a esta nueva norma si está en su cargo cuando la norma entre en vigor.
LA CARTA MAGNA En cuanto a la reforma de la Constitución, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reprochó ayer al PP el hecho de que hasta hace poco consideraba la Carta Magna "intocable" y ahora, en cambio, propone catorce cambios. "Parece un caso de desdoblamiento de la personalidad", dijo irónicamente.
