Baltasar Garzón recibió ayer el aliento de la Generalitat catalana, el primer Ejecutivo que patrocina un acto de apoyo al magistrado, ante la campaña de acoso a la que se está viendo sometido por parte del PP, sindicatos ultraderechistas y el Tribunal Supremo. Medio millar de personas acudieron al paraninfo de la Universidad de Barcelona (UB) para reproducir el alegato antifascista de políticos y juristas que nació hace una semana en la Complutense de Madrid.

El clamor en defensa de Garzón llegó a Cataluña como desagravio por la furibunda reacción del partido de Mariano Rajoy contra el acto de la Complutense. Entonces, la ofensiva de los populares se aferró a la presencia de un secretario de Estado, quien dijo haber acudido a título personal. El acto de ayer, sin embargo, estuvo coorganizado por el Gobierno catalán.

Los cargos del Ejecutivo que asistieron fueron todos ecosocialistas y la coalición llevó también la representación más numerosa. El PSC también estuvo en la UB por entender como un "abuso" que se pretenda condenar a Garzón, otrora azote del PSOE, por investigar los crímenes del franquismo. El socio ausente fue ERC, cuyo presidente, Joan Puigcercós, justificó los recelos de su partido a la hora de defender al magistrado. Detrás de las suspicacias de Esquerra están las "razias" de independentistas que, a su juicio, llevó a cabo Garzón en el pasado: en 1992, cuando detuvo a varios militantes del secesionismo catalán acusados de querer boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona.

ATAQUE "FASCISTA" El fiscal José María Mena tomó ayer el testigo de su colega Carlos Jiménez Villarejo. El jurista proclamó que Garzón está siendo "injustamente criminalizado" y recalcó que criticar a los tribunales "no desestabiliza la democracia". En su opinión, haber admitido a trámite la querella de Manos Limpias y Falange Española "amenaza gravemente la independencia judicial", y no es admisible que las víctimas queden privadas del amparo judicial.