En vísperas de que ETA anuncie al fin que abandona la violencia, los carriles del incipiente proceso de paz empiezan a hacerse visibles. Con la información de que dispone, el Gobierno espera de forma inminente un pronunciamiento de la banda claro e inequívoco en el que prometa acatar sin interferencias los acuerdos que sobre el marco político de Euskadi alcancen las fuerzas vascas. El respeto del Gobierno y de ETA a la voluntad de los vascos, expresada en una mesa de partidos, es la clave del inicio formal del proceso de paz, según las fuentes consultadas.
El "principio del fin" de ETA, en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, se basará en la apertura de dos negociaciones paralelas y simultáneas, pero en absoluto relacionadas entre sí.
LIBERACIONES A LARGO PLAZO En la primera mesa, transcurrido un tiempo prudencial tras el anuncio etarra y previa autorización del Congreso, el Gobierno discutirá con ETA el futuro de sus militantes prófugos, sus familias y los presos de la banda. Un proceso de excarcelación que durará muchos años, por lo que se agrupará a los reclusos en grupos distintos para buscarles salidas diferentes en función de la gravedad de sus condenas. El Ejecutivo estima que la tarea requerirá no menos de dos legislaturas, con el horizonte del 2012.
En la segunda mesa, los partidos vascos --incluida Batasuna-- debatirá un "marco políticojurídico" para Euskadi destinado a lograr su "normalización". Así lo afirman los socialistas vascos en un documento que refleja la disposición del Ejecutivo a propiciar, "sin interferencias del terrorismo", un "diálogo político" entre "todas las fuerzas representativas de la realidad vasca".
Con el apoyo explícito del PSE a la mesa de partidos del lendakari Juan José Ibarretxe, el Gobierno allana el camino para dialogar con ETA, pendiente sólo de que ésta dé el paso que de ella se espera. Los socialistas invocan el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, que excluye la negociación con ETA y la encomienda exclusivamente a los representantes ciudadanos, para ratificar que "ambos escenarios de diálogo no deben confundirse, mezclarse, ni condicionarse el uno al otro".
A la espera de que ETA divulgue su decisión --sea a través de un comunicado o mediante una entrevista televisiva que otorgue eco internacional al anuncio--, fuentes conocedoras del proceso subrayan la relevancia de que al final la banda prometa acatar la voluntad de los partidos vascos. Primero, porque implicará su renuncia a arrancar contrapartidas políticas a cambio del fin del terrorismo; y segundo, porque un cese permanente de la violencia no condicionado al resultado de esa mesa de partidos podrá facilitar que el abandono de las armas ya no tenga marcha atrás.
A su vez, que el Gobierno se comprometa a aceptar el estatus político de Euskadi que pacte la mesa de partidos supondrá el reconocimiento del derecho de los vascos a decidir su futuro, hasta el punto de que el acuerdo de normalización --más ambicioso que una reforma estatutaria-- deberá someterse a referendo.
El PSE sitúa el "problema de normalización de Euskadi" en la existencia de un "consenso insuficiente" en torno a su "marco jurídico-político". Por eso defiende la negociación con la izquierda aberzale, pero reclama que el pacto tenga el "máximo consenso". En suma, con "una mayoría cualificada" que abarque a nacionalistas y a no nacionalistas .
