El Gobierno no quiere ofrecer ningún signo que evidencie una posible confrontación con el PP sobre política antiterrorista. El objetivo es el mismo: disolver los ayuntamientos gobernados por ANV después del último asesinato de ETA en Azpeitia, el del empresario Ignacio Uria.

Pero los intereses son distintos y también la constatación de las dificultades legales para poder echar a los concejales aberzales de los 43 municipios en el País Vasco y Navarra. El Gobierno, en todo caso, se mostró ayer dispuesto a escuchar la propuesta del presidente del PP, Mariano Rajoy, que consiste en disolver "ahora mismo" esos ayuntamientos, con la convicción de que la ley lo permite. Rajoy expresó su propuesta al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, poco antes de los actos de celebración del 30º aniversario de la Constitución en el Congreso. El PP entiende que la ley de bases de régimen local permite la disolución de los ayuntamientos de ANV y que, aprovechando las elecciones autonómicas del País Vasco, previstas para el mes de marzo, se podrían convocar elecciones municipales en esos ayuntamientos.

El lapso en el que se harían cargo de los consistorios las distintas gestoras sería, por tanto, aceptable y no comportaría problemas para sus vecinos. El Gobierno quiere ver en detalle esa propuesta, y Rajoy se comprometió en hacérsela llegar de inmediato. La voluntad del Ejecutivo es buscar el máximo consenso y no ofrecer ninguna fisura que provoque, de nuevo, un distanciamiento en política antiterrorista entre los partidos.

Pero en la Moncloa se insiste en que no hay una base legal, por mucha voluntad política que pueda existir, que fuerce la disolución de los municipios de ANV, una formación que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en octubre.

PERIODO DE SEIS MESES La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega precisó ayer que la única fórmula es reformar las normas de base de régimen local, que implica un proceso largo, por los menos de seis meses, hasta que se pueda aprobar en el Congreso y entre en vigor.

Rajoy dejó claro, en todo caso, que apoyará al Gobierno en esa reforma y que entiende que el Ejecutivo está actuando correctamente en la lucha contra el terrorismo. Pero en ese tiempo ya se habrá elegido al nuevo Parlamento vasco. Y es que, al margen de las dificultades legales, el Gobierno tampoco quiere que las elecciones autonómicas vascas se desarrollen con esa cuestión como elemento central, y que sustituya la disyuntiva que ha logrado introducir en Euskadi entre dos grandes opciones para ganar, el PNV o el PSE.

La cuestión legal estriba en la interpretación del artículo 61.2 de la ley de bases de régimen local, que incluye como causas para disolver un ayuntamiento que dé cobertura o apoyo "expreso o

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