El Gobierno vasco calificó ayer la decisión de la Audiencia Nacional de "despropósito judicial" e instó al Tribunal Supremo a que se pronuncie urgentemente sobre el recurso presentado y "clarifique la situación penal" del preso de ETA Iñaki de Juana. El Ejecutivo de Vitoria evidenció que "no comparte" la actuación del pleno de la Sala de lo Penal, y apoyó explícitamente la propuesta de la fiscalía para que se le aplicara prisión atenuada.
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, defendió el derecho a la vida y la protección de la salud "incluso en este caso". EA, EB y Aralar coincidieron al lamentar cómo la Audiencia se ha plegado a la estrategia del PP obviando los argumentos jurídicos.
Apenas dos voces del PSE se pronunciaron ayer sobre esta cuestión. El secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, declaró que "guste o no, De Juana cumplió su condena por los crímenes que se le imputaban", y añadió que "un Estado no puede ser vengativo porque, si lo es, deja de ser justo". Tras mostrar su respeto a la decisión, Buen se mostró favorable a "tomar medidas para preservar la vida de esta persona". El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, lamentó "profundamente" la "errónea" decisión de la Audiencia, y apeló a "razones humanitarias" para defender la conveniencia de aplicar prisión atenuada, "ante su deteriorado estado de salud". De Juana, donostiarra, vive en esta ciudad.
"Enorme satisfacción"Las palabras más duras desde el PP fueron las de su presidenta en el País Vasco, María San Gil, quien declaró que no le preocupa si Iñaki de Juana muere en prisión por una huelga de hambre que realiza "voluntariamente". El mantenimiento de su situación penitenciaria supone "una enorme satisfacción" para San Gil, "y también para las familias de las 25 personas que asesinó". La dirigente popular acusó al preso de ETA de haber intentado chantajear al Gobierno central, y dudó que hubiera iniciado la huelga de hambre con el PP en el poder.
La izquierda aberzale recuperó un tono de gran dureza, olvidado desde hace meses. Askatasuna afirmó que la Audiencia ha situado "en tiempo de descuento" al Gobierno socialista, y advirtió de que su decisión "podrá saciar su estrategia de odio y venganza" pero tendrá "consecuencias para todos". Rafa Díez, secretario general del sindicato LAB, expresó que la situación generada "va directamente en contra de un escenario de paz". Batasuna calificó de "basura judicial" el fallo de los jueces y opinó que la decisión "apesta" y se sitúa "en la estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas de la Audiencia Nacional".
