La guerra judicial contra el plan Ibarretxe empezará el próximo jueves. Ayer el Gobierno anunció la interposición de sendos recursos para que el Tribunal Constitucional aborte el debate parlamentario de la reforma del Estatuto de Gernika acometida por el Gobierno vasco. Ambas impugnaciones invocarán un precepto constitucional que obliga al tribunal, en caso de admitirlas a trámite, a suspender de inmediato la tramitación del plan soberanista.
Tras exponer al Consejo de Ministros un informe de los servicios jurídicos del Estado, el titular de Justicia, José María Michavila, confirmó ayer la fecha elegida por el Ejecutivo para impugnar el proyecto del lendakari Juan José Ibarretxe: el 13 de noviembre, coincidiendo, no por azar, con el primer aniversario del hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas.
DOBLE OBJETIVO
El Gobierno de José María Aznar pretende matar así dos pájaros de un tiro: al tiempo que exhibe la máxima firmeza contra la línea secesionista del PNV, intentará eclipsar el recuerdo de una catástrofe ecológica que aún tiñe de negro el litoral de Galicia.
Como la reforma estatutaria de Ibarretxe es sólo un boceto sin validez legal, Justicia no impugnará el proyecto de ley sino dos "resoluciones": la decisión del Gobierno vasco de enviarlo al Parlamento y la admisión del texto en la Mesa de la Cámara. Para ello ha recurrido al artículo 161.2 de la Carta Magna, que le permite impugnar toda "disposición o resolución" de un órgano autonómico y asegura su inmediata suspensión si el Constitucional admite a trámite los recursos.
Sin valorar la argumentación del Gobierno, que sostiene que el plan Ibarretxe es un "reforma constitucional encubierta", antes de fin de año el Constitucional decidirá si acepta tramitar los recursos. Un alto cargo de Justicia subrayó ayer que el alto tribunal no suele inadmitir este tipo de impugnaciones gubernamentales, extremo confirmado por fuentes judiciales. Abortada la tramitación del proyecto, el Constitucional tendrá cinco meses para decidir si ratifica la suspensión. El calendario político del lendakari será papel mojado.
Michavila adujo ayer que el Ejecutivo tiene la "obligación" de defender la Carta Magna e involucrar también en esta misión al Constitucional, que es su principal "garante". El ministro denunció que el plan Ibarretxe pretende "infringir y mutilar unilateralmente" un total de 103 preceptos constitucionales y al menos dos artículos del Estatuto vasco. Además, Michavila apuntó que el PNV ha renunciado a plantear una reforma constitucional desde el Parlamento vasco, un cauce que sin embargo sí está autorizado por la ley.
