La ley de libertad religiosa, una de las promesas estrella del programa electoral del PSOE, será una realidad antes del próximo verano. Con ese compromiso trabaja el Gobierno, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Moncloa, con el objetivo de enviar el proyecto a las Cortes para que inicie su tramitación durante el periodo de sesiones que se vivirá entre febrero y junio de este año.
En el 2009, técnicos de los ministerios de Justicia y de la Presidencia, bajo el mando de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tejieron la cobertura jurídica de la norma siguiendo parámetros europeos y respetando los acuerdos diplomáticos firmados en la transición con el Vaticano (el concordato). Ello garantiza, de entrada, una respuesta menos agresiva de lo habitual por parte de la Conferencia Episcopal española, que también ve con buenos ojos el objetivo de un mayor reconocimiento de los derechos de las minorías religiosas que persigue la reforma.
El punto de mayor confrontación sería la regulación más detallada de la presencia de símbolos religiosos en la Administración y en sus actos públicos, con la última polémica sobre los crucifijos en los colegios como ejemplo. Ese aspecto, sin embargo, quedaría pendiente de enmienda en el debate y la negociación parlamentaria, como sucedió recientemente con el artículo más polémico de la ley del aborto, el de la autorización paterna para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
CHOQUE RECOMENDABLE Y para entonces ya habrá pasado el periodo de la presidencia española de la UE y se habrá rebasado el ecuador de la legislatura. Lo que incluso convertiría en recomendable un nuevo choque con la Iglesia católica para marcar diferencias ideológicas con el PP de cara a las próximas elecciones del 2012.
A la espera de que llegue el proyecto al Congreso, la agenda parlamentaria de este semestre estará marcada por la tramitación de la reforma del Código Penal y la de la ley de la economía sostenible. El PSOE confía en ambos casos en la estrategia de pactos variables con el resto de los grupos, que tan buen resultado le dio durante el último periodo de sesiones, para conseguir los apoyos necesarios que le permitan sortear su actual minoría en la Cámara baja.
DIFICULTAD AÑADIDA El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, destacó ayer el interés de su partido en aprobar también la ley de la ciencia y la de lucha contra el blanqueo de capitales. Alonso restó importancia a una dificultad añadida en la negociación: la proximidad de las elecciones catalanas. Una cita que, ante la necesidad de marcar perfil propio, encarecerá los acuerdos con CiU, ERC e ICV. Mantener la buena sintonía recuperada recientemente con el PNV será entonces clave.
