En el debate del Estatuto, el Gobierno busca un equilibrio casi imposible. Por un lado se desmarca del rechazo frontal expresado por el PP y algunos sectores del PSOE; por el otro, enumera sus objeciones para preparar la ardua negociación con Cataluña. Fruto de este ejercicio de equilibrismo fueron las palabras de ayer del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien, tras advertir de que el Estatuto catalán no puede ser "una LOAPA al revés" que invada competencias del Estado, se ofreció a buscar una alternativa al polémico blindaje de las competencias catalanas.
La LOAPA (ley orgánica de armonización del proceso autonómico), impulsada por UCD y PSOE en los 80, fue derogada por el Tribunal Constitucional porque rescataba para el Estado competencias traspasadas.
INCONSTITUCIONAL "La LOAPA, que fue un intento del Gobierno de recortar las competencias de las autonomías, fue declarada inconstitucional. Creo que cualquier intento de recortar competencias al Gobierno central desde una comunidad también es inconstitucional", declaró ayer Sevilla en Catalunya R dio.
El ministro reconoció que "el Estado ha abusado de la legislación básica y ha recortado competencias de Cataluña y otras comunidades", pero recalcó que el Gobierno debe conservar la facultad legislativa de "garantizar la unidad de derechos" y "homogeneizar la competencias autonómicas". Por eso ofreció pactar una alternativa al blindaje que sea respetuosa con el autogobierno catalán y las atribuciones del Estado.
Aunque a su juicio el Estatuto "no es malo para España", Sevilla apuntó que "hay cosas que mejorar, negociar y pactar". "Desde Cataluña no se puede decidir cómo se organiza el Estado. La financiación o los criterios de solidaridad no pueden ser una imposición unilateral", subrayó. Aceptó incluso que "Cataluña está infrafinanciada", aunque descartó que la fórmula de financiación que incluye el Estatuto llegue a ver la luz.
Frente a Sevilla, partidario de que el Estatuto defina a Cataluña como nación "dentro de la nación española", José Bono se cerró ayer en banda. Para el ministro de Defensa puede haber tantas naciones "como quepan en la cabeza de quien haga historia, cultura o poesía", pero, mientras no se revise la Constitución, jurídicamente en España sólo hay una: la española.
Estas disensiones también afloraron ayer en la reunión del Grupo Socialista en el Congreso. El portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, garantizó a sus diputados que el PSOE retocará el Estatuto para que sea constitucional, pero les ordenó que se abstengan de criticarlo hasta que el partido haya unificado su posición.
SIN FINAL FELIZ Los preparativos del encuentro de hoy entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall no auguran un final feliz. El equipo de Presidencia del Gobierno comunicó ayer a la Presidencia de la Generalitat que no era partidario de que Maragall celebrase una rueda de prensa en la Moncloa tras su reunión con Zapatero. Durante varias horas, la Generalitat estuvo presionando para que el presidente catalán pudiera informar a la prensa en la Moncloa, pero al final cedió y, salvo cambios de última hora, la cita se hará en la más estricta opacidad.
La negativa del Ejecutivo a que Maragall compareciera en la Moncloa responde al temor a que sus palabras puedan enturbiar aún más el debate político sobre el Estatuto. Según fuentes oficiales, el Gobierno cree que, proyectada a través de radios y televisiones, la defensa que Maragall hará ante Zapatero del proyecto de Estatuto podría interpretarse como un desafío a la soberanía de las Cortes Generales, con lo que alimentaría los ataques de la derecha y los recelos de un sector del PSOE.
