El Gobierno ha recurrido este miércoles la reforma de la ley de presidencia, destinada a permitir una investidura de Carles Puigdemont a distancia.
Justo antes, Mariano Rajoy ha insistido en que toda Cataluña no puede quedar subordinada "a la voluntad de una persona" y ha pedido a los políticos independentistas que dejen de marear la perdiz. Rajoy ha dejado el recado a la salida del Congreso de los Diputados, desde donde se ha dirigido al palacio de la Moncloa para validar un recurso al Tribunal Constitucional que abre la puerta a la investidura efectiva en el plazo de una semana.
Rajoy ha reconocico que la sistuación en Cataluña, junto con los presupuestos, son su gran prioridad. "Que se forme gobierno en Cataluña y acabemos con la provisionalidad. Cataluña necesita recuperar la normalidad con una actitud constructiva. Ya está bien de estar mareando la perdiz", ha señalado.
El anuncio
El recurso se producirá pocas horas después de que, esta madrugada, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) haya publicado la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JxCat. Publicar la ley en el DOGC es un trámite necesario para poder recurrir la norma.
Rajoy ha convocado a sus ministros a las 11.00 en el Palacio de la Moncloa con un orden del día cuyo único punto es la aprobación de ese recurso. Una vez que se acuerde el recurso, el Ejecutivo lo presentará hoy mismo ante el TC, cuyo pleno se encuentra reunido desde ayer y, previsiblemente, lo admitirá también hoy mismo a trámite.
La admisión del recurso implicaría la suspensión automática de la Ley de Presidencia de la Generalitat, lo que impediría que pudiera prosperar la intención de investir a distancia a Puigdemont como 'president'.
El recurso al Tribunal Constitucional se producirá así apenas dos días después de que el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, avalase esta decisión que busca impedir que Puigdemont, huido de la justicia española en Alemania, sea investido presidente sin acudir al Parlament. En concreto, el Consejo de Estado estableció en su dictamen al respecto que el "oficio representantivo" exige que quien quiera ser candidato a la presidencia de la Generalitat tenga que estar presente en el acto, requisito que emana del Estatut y de la Constitución, que no ofrecen excepciones ni alternativas.
