El Gobierno ha anunciado su intención de unificar en una sola ley, que pretende aprobar este mismo año con el consenso de todas las fuerzas políticas, todas las indemnizaciones, prestaciones y ayudas a las víctimas del terrorismo, que se verán incrementadas y tendrán carácter retroactivo.
Esa es la voluntad que el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reflejado en un informe sobre la atención a las víctimas del terrorismo en España que hoy ha presentado al Consejo de Ministros. Este estudio incluye un balance de la situación en materia de lucha antiterrorista, según el cual a día de hoy han sido víctimas de actos terroristas 9.552 personas, de las cuales 1.382 han fallecido. El importe de todas las indemnizaciones que se han satisfecho hasta este momento alcanza los 722.694.182 euros.
El sistema actual de indemnizaciones se rige por dos leyes distintas que articulan las ayudas de carácter general y las derivadas de la solidaridad con las víctimas de actos terroristas, y el objetivo del Ministerio del Interior es recoger de forma unitaria todas las prestaciones, sean de la naturaleza que sean, en un código normativo único.
APROBAR EL TEXTO EN EL 2011
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros que la intención de Rubalcaba es ponerse en contacto en los próximos días con los grupos parlamentarios con el objetivo de lograr un acuerdo para empezar a tramitar la nueva ley en este periodo de sesiones y tenerla finalizada este mismo año.
Esto permitiría aprobar el texto en el primer semestre del 2011, lo que facilitaría que los plazos para solicitar las ayudas puedan estar abiertos a finales del próximo año.
APLICACIÓN RETROACTIVA
La nueva norma, que el Ejecutivo quiere impulsar en forma de proposición de ley, tendrá como ejes fundamentales la unificación en un solo texto de todas las indemnizaciones, la inclusión de todas las prestaciones complementarias, el aumento cuantitativo de las ayudas y la aplicación retroactiva de las mismas para quienes hayan recibido por sentencia judicial una cuantía inferior a la prevista en la nueva norma.
Además, establecerá un baremo para determinar la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada por los tribunales, para evitar diferencias de trato, y contemplará la protección de las víctimas frente a actos de ostentación pública del terrorismo.
