El Gobierno vasco no tuvo ayer problema para censurar la sentencia que condena a 525 años de cárcel a 47 de los 52 encausados en el macroproceso contra el entorno de ETA. El lendakari, Juan Jose Ibarretxe, aseguró que la resolución "no tiene base jurídica" y en una declaración institucional leída por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), denunció el carácter político de una resolución que "encarcela ideas" e instaura el "delito de opinión".
Aunque el Ejecutivo de Vitoria lleva meses de críticas al "impulso político" que domina la justicia, ayer dio un paso más en su abierto enfrentamiento con los tribunales. Durante una comparecencia convocada con urgencia, el consejero Azkarraga acusó a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de "herir a la democracia" con una sentencia adoptada "sin suficientes elementos de prueba" y sobre la base de informes policiales no contrastados.
La crítica no pilló por sorpresa. Ibarretxe reconoció en unas declaraciones a la radio pública vasca que él y su Gobierno estuvieron desde el primer momento en contra del juicio al entramado Ekin-KAS-Xaki.
El Gobierno vasco ha rechazado todas las reformas legislativas para endurecer la lucha antiterrorista y en especial la ley de partidos, de la que el lendakari renegó de nuevo ayer al decir que "no es el camino" para lograr la paz y las soluciones al problema político vasco.
"NO TODO ES ETA" Azkarraga apuntó que la sentencia del sumario 18/98 "prescinde" de derechos fundamentales. Y replicó que, en contra de la tesis judicial, "no todo es ETA". Adujo que solo una "lectura política" puede llevar a la conclusión de que la banda "coloniza" organizaciones que "no saben" que sus miembros son parte de la banda hasta que son detenidos o condenados.
El Gobierno vasco pidió que el tribunal que revise el caso lo haga con "profesionalidad e imparcialidad" para que interpretaciones "expansivas" no fuercen el arco penal hasta convertirlo en herramienta contra "ciudadanos incómodos o disidentes".
