Tal vez estemos a tiempo de manejar la discrepancia en términos democráticos. El proyecto de Ibarretxe, por disparatado que parezca, no puede tener en primera instancia una respuesta desde la amenaza. La clave de cualquier solución es el consenso de la mayoría de los vascos en el marco legal. Y la respuesta institucional del Estado no puede ser nunca amenazar con los tribunales sino dar argumentos políticos. Al final, si las reglas del juego democrático se vulneran, estará el amparo de la ley. Pero no antes; ni un minuto antes.
