La Generalitat de Cataluña quiere conseguir la anulación del consejo de guerra que en 1940 llevó al paredón al presidente Lluís Companys y, por extensión, de los juicios sumarísimos del franquismo. Ante la renuncia del Gobierno central a cumplir la promesa de invalidar esos procesos, para lo que alega diversos problemas legales, el Ejecutivo catalán esgrime un informe jurídico que avala las anulaciones.
El citado dictamen, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la invalidación de los consejos de guerra para el restablecimiento jurídico del honor de las víctimas de la dictadura se ajustaría plenamente a la Constitución, sería compatible con el principio de seguridad jurídica y no obligaría a indemnizaciones.
Este informe es obra del penalista Francesc Jufresa, el catedrático de Derecho Penal Santiago Mir y el abogado e historiador Josep Cruanyes. El estudio está fechado el año pasado; es decir, mucho antes de que el Gobierno central empezase a aducir inconvenientes de corte jurídico para anular los consejos de guerra.
RETROACTIVIDAD El dictamen constata la imposibilidad de anular los juicios apelando al recurso de revisión, porque esta vía requiere la aparición de nuevas pruebas. No es el caso. Tampoco vale apelar a la derogación de las normas que sirvieron de base a los consejos de guerra; esto solo sería posible si el reo no hubiera terminado de cumplir su condena. Tampoco es el caso.
El camino indicado por Jufresa, Mir y Cruanyes es la aprobación de una ley "que extienda la retroactividad de la actual legalidad hasta la obligación de anular las condenas militares cumplidas". Esta ley podría hacerse de dos maneras. Una, anulando de forma general todas las sentencias por efecto directo e inmediato. Dos, dando paso a procedimientos judiciales de anulación caso por caso. El informe incluye sendas propuestas de redacción de ambas leyes.
En cuanto al principio de seguridad jurídica, es decir, que una nueva ley no puede aplicarse de forma retroactiva a los que actuaron con arreglo a la legalidad de un sistema anterior, el dictamen precisa que eso es así salvo que la nueva norma sea más favorable al reo que la otra.
LEGALIDAD VIGENTE Los problemas aducidos por el Ejecutivo son que los juicios del franquismo no pueden ser anulados porque, según varias sentencias, se hicieron de acuerdo con la ley vigente en la época. El fiscal general, además, cree contraproducente la revisión de los consejos porque reabriría las heridas de la guerra civil. Sin apoyos parlamentarios en este punto, Zapatero ha optado por resarcir moralmente, pero no jurídicamente, a las víctimas del franquismo en el proyecto de ley que el Gobierno aprobará mañana.
