El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó ayer al servicio de inspección que investigue la actuación de los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional que excarcelaron en junio del 2002 al jefe del 11-M, Allekema Lamari, a pesar de haber sido condenado a 14 años de cárcel. Lamari se suicidó en Leganés junto a seis terroristas más.
El Tribunal Supremo, que también está presidido por Francisco Hernando, descargó ayer la responsabilidad de esa liberación en los jueces de la Audiencia Nacional. Lamari fue detenido en 1997 en Valencia y condenado como miembro del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, el 26 de junio del 2001. El alto tribunal revisó esa sentencia el 7 de junio del 2002 y rebajó la condena a 9 años, pero tardó mes y medio en notificarlo a la Audiencia Nacional.
Por su parte, la Audiencia acordó liberar a Lamari el 9 de abril del 2002, día en que se cumplían cinco años de su ingreso en prisión. No obstante, la excarcelación no se ejecutó hasta el 29 de junio porque los jueces le computaron las dilaciones indebidas suscitadas en el proceso. Por eso, cuando el Supremo comunicó su decisión a la Audiencia, el 24 de julio del 2002, Lamari ya se encontraba en paradero desconocido.
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, abrió ayer una investigación sobre estos hechos. La presidenta de la comisión disciplinaria del CGPJ, Montserrat Comas, pidió al servicio de inspección del organismo y a la Audiencia que le envíen las conclusiones de sus investigaciones para verlas el miércoles.
