Un ejemplar de la Pepa, la Constitución de las Cortes de Cádiz, reposa sobre una mesita de su despacho en la Audiencia Nacional. Toda una señal sobre la obsesión por las libertades del juez Javier Gómez Bermúdez, el hombre que juzgó el 11-M, la célula del Raval, el accidente del Yak-42, Egunkaria... y que junto a mi grabadora coloca su iPhone, "a ver qué tal graba".

--No destruirán nuestra libertad. Parece una declaración de intenciones. ¿Por qué lo escogió?

--Porque lo que trato de transmitir es que no hay terrorismo capaz de destruir una democracia. Eso sí, no la destruirán si nosotros no les dejamos. El peligro está en que, tras un atentado y en un estado de ansiedad, la población demande de sus gobernantes que restrinja libertades que ha costado muchísimo conseguir con la falsa creencia de que así va a garantizar su seguridad.

--En el libro se refiere a las reformas legales adoptadas por EEUU y Gran Bretaña tras el 11-S y el 7-J. ¿Por qué España no lo ha hecho?

--España sí ha ido modificando su legislación para luchar contra el terrorismo. La claves es que no la ha modificado para restringir derechos y mucho menos ha legislado en un momento de ansiedad como el que se produce tras un atentado.

--¿Es cierta la ecuación de a menos derechos más seguridad?

--No es así. La restricción de libertades no genera mayor eficacia ni policial ni judicial. Puede hacer el trabajo más cómodo y barato, pero no más eficaz. España lleva tanto sufriendo el terrorismo que ha conseguido un sistema bastante bueno de equilibrio entre libertad y seguridad. Somos modelo a nivel mundial. El prestigio que tiene la justicia española en la lucha contra el terrorismo sorprendería a muchísima gente. EEUU y Gran Bretaña se soprenden de cómo lo hemos conseguido sin recortar derechos.

--En este libro usted explica por qué en una operación antiterrorista se detienen a 30 personas y al final solo cuatro o cinco son condenadas. ¿Por qué ocurre eso?

--Primero porque el sistema de garantías funciona. Además, una de las razones por las que hay este número de absoluciones de detenidos por islamismo es porque el Gobierno español optó por actuar tempranamente contra los terroristas, es decir, detenerles antes de que cometan los ataques. Esto tiene una ventaja increíble: no hay atentados. Pero tiene incovenientes. Uno de ellos es que la prueba que se pone a disposición de los jueces es indiciaria, escasa y de poca calidad.

--¿Hasta qué punto es difícil juzgar a un detenido en una redada así?

--Es difícil porque la prueba es escasa porque se juzgan delitos de peligro abstracto; es decir, no han tenido resultados, nadie ha perdido la vida ni ha sido herido. La pertenencia a banda armada, que es de lo que se les suele acusar, es más difícil de probar en casos de islamismo. No hay registro de terroristas.

--¿Cómo se juzga entonces?

--Deducir la pertenenecia a una organización terrorista de un individuo es una labor árdua, requiere entrar en su cabeza, saber lo que está pensando, lo que quería hacer y que si lo que quería hacer es delictivo porque no se pena la adhesión ideológica. No castigamos que una determinada persona piense que occidente es represor. Lo que castigamos es que esa persona cometa o planee cometer actos violentos.

--¿Cómo se valoran entonces esas pruebas indiciarias?

--Es necesario ser un especialista y los jueces de la Audiencia lo somos. Empleamos una técnica de valoración de indicios que tiene reglas del juego muy estrictas. Por ejemplo, el indicio tiene que estar plenamente probado. Si el indicio se prueba con otro indicio se llega a la especulación y este lleva a la injusticia.

--Usted insiste en la necesidad de no recortar derechos.

--El poder tiende a expandirse. Cuando un país democrático establece un sistema de garantías lo hace pensado en poner a cubierto al hombre honrado de dos tipos de peligros: de los abusos y errores que puede cometer un juez, un policía y un político. Por lo tanto las garantías son muy importantes.

--Pero esas garantías pueden ser utilizadas por los terroristas.

--Es cierto que en un momento dado un delincuente se puede aprovechar de un estado donde existe un estándar alto de garantías. Sin embargo, el precio de que un delincuente se aproveche es ínfimo comparado con el riesgo de que un hombre honrado acabe en la cárcel.

--¿Qué puntos legales habría que afinar?

--Hace falta un delito específico de financiación del terrorismo. Está en proyecto en las Cortes aunque creo que se queda corto. Es necesario tipificar como delito la intención de captar prosélitos y de entrenarlos para combatir el uso yihadista de internet. Para Al Qaeda la red es un gran campo de adiestramiento.

--¿Hay algo más que afinar?

--Hay que afinar algunos instrumentos de investigación que no están claros. ¿Cuando vamos a regular bien la interceptación de comunicaciones? ¿Cuando se va a regular la posibilidad de las escuchas ambientales por las policías?

--Además de a redes yihadistas, usted juzga a ETA, a la mafia... ¿Cuál es el más dañino?

--Sin duda la criminalidad organizada. El terrorismo no puede destruir nuestra sociedad. En cambio, el crimen organizado corrompe, intenta comprar nuestras instituciones y destruye nuestra juventud.

--¿Cómo se sintió cuando supo que iba a tener que juzgar el 11-M?

--Cuando supe que iba a estar en el tribunal por substitución y que además iba a ser ponente lo que pensé es que tenía que diseñar un plan de trabajo y ser muy estrictos en cumplirlo. Fue un juicio durísimo, no por la cantidad de acusados sino porque dividió socialmente al país.

--¿Qué siente cuando ve que la teoría de conspiración sigue en pie?

--No me perturba. Yo lo que digo siempre es: léanse las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Muchas de las cosas que los partidarios de esas teorías creen que no están resueltas están perfectamente explicadas en las sentencias. Incluso esa que todo el mundo piensa, que es si el explosivo es A o B. Eso está en los folios 540 y siguientes de la sentencia.

--¿Por qué siguen entonces?

--No lo sé. Pero que quede claro que una información periodística y una sentencia, sobre todo la del Supremo, no están en el mismo plano.

--¿Le gusta ser juez mediático?

--No. Esta entrevista la hago porque me han dado un premio y en la base de la convocatoria hay obligaciones con la prensa. Pero yo llevaba tres años sin abrir la boca y en cuanto acabe con esto voy a volver a estarlo.

--¿Por qué cree que la sociedad española encuentra como referentes a jueces como usted o Garzón?

--Hay que plantearse qué modelo de juez quiere la sociedad. Yo creo que los ciudadanos quieren un juez que sea discreto, frío y que no esté permanentemente en los medios.

--Pero ordenó que las salas de juicio de la Audiencia fueran de cristal.

--Yo quiero una sala de cristal, porque el control social pasa porque la sociedad vea como trabajan sus jueces en los juicios de interés general.

--¿Como percibe la situación generada por el caso Garzón?

--La justicia española está siendo injustamente tratada. Y en particular el Tribunal Supremo. Nadie, racionalmente, salvo que lo haga desde el prejuicio, puede decir que el Tribunal Supremo se mueve por otros intereses que no sean los estrictamente jurídicos.

--Vuelve la polémica del velo. Expulsó a una abogada que lo llevaba. ¿Por qué lo hizo?

--En el estatuto general de la abogacía hay una norma que dice que los abogados deben ir con la cabeza descubierta. Pueden llevar birrete que deberán quitarse al entrar, salir e informar. ¿Se imagina ir a juicio con barretina, sombrero cordobés o chapela? Y también son símbolos culturales. En Occidente, descubrirse ante determinadas instituciones es señal de respeto.