El juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, encargado de la investigación del caso Palma Arena, no hace vacaciones, al contrario. Ayer tuvo declarando desde las 9.30 hora de la mañana y durante más de seis horas en calidad de imputado a Luis García Ruiz, uno de los dos hermanos arquitectos que dirigieron las obras de construcción del velódromo de la capital balear. A primeras horas de la tarde decretó libertad sin fianza para el técnico y poco después inició el interrogatorio a su hermano Jaime.
Ambos arquitectos cobraron, según la investigación, cerca de nueve millones de euros (casi 1.500 millones de las antiguas pesetas) para dirigir las obras del pabellón que proyectó el especialista en velódromos Ralph Schürmann. Este fue despedido de forma fulminante cuando empezaron las obras y lo sustituyeron al frente del proyecto que había realizado los dos hermanos ahora imputados. El velódromo se presupuestó por 48 millones de euros pero acabó costando más del doble. La Fiscalía Anticorrupción investiga las causas de este desfase y los motivos por los que se rescindió el contrato al arquitecto alemán.
En los primeros interrogatorios de Castro a los cinco detenidos hace más de una semana en Palma por este caso, varios de ellos atribuyeron el cambio del arquitecto y la contratación de las obras a "instancias superiores". Entre los que se desvincularon de los contratos con el método de eludir responsabilidades hacia arriba destacan el expresidente del consorcio para la construcción del velódromo, y actual portavoz del PP en Palma, Rafael Durán, y el exdirector general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester.
Castro ha imputado también a Fernando Areal, cuñado del expresidente balear Jaume Matas y exgerente del PP en la Comunidad, y a Jane King, exsecretaria general técnica de la vicepresidenta del Gobierno de Matas, Rosa Estarás, responsable de la consejería que está vinculada al polémico consorcio.
