El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó esta tarde la suspensión de actividades de Batasuna y en concreto el acto de la formación convocado para el próximo día 21, según informaron fuentes jurídicas.Batasuna considera que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska "se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación". Así lo ponen de manifiesto en la querella por un delito de prevaricación que presentaron esta mañana ante el Tribunal Supremo (TS) los abogados de Batasuna contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, quien hoy decide si prohíbe el Congreso de la formación ilegalizada. La querella fue interpuesta al considerar que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, es premeditada e injusta. En la querella señalan que "el querellado primero actúa por impulsos ajenos a su propia función o potestad jurisdiccional". "A la vista de una presión política inaceptable, que le exige actuar, ha sido consciente del error cometido desde su punto de vista al no haber actuado con diligencia y no haber prorrogado una medida cautelar que habría caducado y perdido efectividad hace meses", agregan. Para Batasuna, en esa situación el juez "ha decidido actuar de forma impropia, contrariando la propia letra de la Ley, en un claro fraude de Ley y abuso de derecho, forzando y retorciendo una norma legal para aplicarla de forma torticera en una situación a la que no es aplicable, y usando para ello de su posición jurisdiccional para tratar de imponer una situación de hecho inaceptable que no permita una corrección efectiva en el futuro, pues el daño causado sería de imposible reparación". En este sentido, aseguran que "no existe procedimiento, cauce o causa legal para intentar de nuevo una medida cautelar como la que al parecer pretende adoptar" y pese a ello "inicia una vía de inadecuada subsanación de su actuación (o falta de actuación) anterior, pretendiendo de nuevo repetir una medida que por sus propias características, finalidad y duración debe ser irrepetible". "Al actuar como lo ha hecho se ha sometido a determinadas tesis políticas y trata de potenciar el interés de un determinado partido político", concluye la querella, que indica que "esa actuación de interés partidario redunda en perjuicio de derechos fundamentales de personas y grupos humanos (..)". Según explican, la actividad judicial se ha puesto en marcha "tras una campaña de prensa orquestada por determinado partido político y concretas organizaciones, de cuyas denuncias se hicieron eco varios medios de comunicación, pretendiendo que se impidiera un acto político que se decía convocado para el día 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya)". "Hasta el momento de iniciarse tal campaña el instructor no había tomado medida alguna de tipo cautelar que sustituyese a la agotada el 26 de agosto de 2002", señalan. Además, sostienen que "si la organización que al parecer es objeto de su atención no existiese ya sería absurdo pretender adoptar una medida cautelar sobre ella". "Y si existiese, la posibilidad de actuar pasa por un evidente fraude de ley y un abuso del Derecho, que se ponen de manifiesto en un actuar caprichoso y contrario a las normas, pretendiendo la repetición de una medida de suspensión, que ya ha caducado por propia decisión, o dejación, del mismo titular de las actuales decisiones".