En unas elecciones, los partidos políticos se juegan el poder, pero también mucho dinero. De su triunfo o fracaso en las urnas depende muchas veces su supervivencia. Por eso en las filas del PDECat se frotaron las manos cuando la lista de Junts per Catalunya, encabezada por Carles Puigdemont, logró 34 escaños, muy por encima de las expectativas. Pero no está claro que el partido en el que milita el expresidente de la Generalitat pueda beneficiarse todo lo que querría de ese inesperado éxito.

Fuentes del PDECat aseguraron el martes a este diario que la negociación por la asignación parlamentaria que recibe cada grupo tras el 21-D no va a ser fácil. Mientras unas voces afirmaban que JxCat estaba dispuesta a presionar hasta el punto de dejar en papel mojado los acuerdos preelectorales que otorgaban una gran capacidad de decisión a la dirección del PDECat sobre ese dinero, otras rebajaban el tono y afirmaban que todavía «se está negociando» cuánto se reparte cada marca.

El problema radica, según esas fuentes, en que el presidente del grupo parlamentario de JxCat -que evidentemente aún no se ha constituido, porque la Cámara catalana no aborda su primera sesión hasta el 17 de junio- es quien decide qué parte de esa asignación pública se queda para su presupuesto interno, y qué parte sobrante se destina al PDECat. Y también a Convergència, que formalmente sigue existiendo como partido político, aunque sea solo para hacer frente a las causas judiciales que tiene abiertas.

«Eso siempre es difícil de cuantificar, aunque en teoría ya estaba pactado», sostienen desde el PDECat. El partido se ha visto obligado a afrontar en los últimos meses decisiones complicadas en el ámbito económico, como el embargo preventivo de 15 de sus sedes en relación con el caso Palau. Los gastos de funcionamiento subvencionados supondrían un importante alivio; en total, en el 2017 el Parlament repartió casi 16 millones de euros entre los grupos, en función de su representación.

Precisamente, la sentencia de ese caso, que se conocerá el próximo lunes -dos días antes de la sesión constitutiva del Parlament, podría propiciar nuevos disgustos en esa materia al partido, algunos de cuyos altos cargos se han visto, como miembros de la Generalitat disuelta por Mariano Rajoy, afectados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«Pero siempre ha habido negociaciones», sostiene otra fuente para restar importancia a las discrepancias. Además, desde el partido desvinculan el rifirrafe de la necesidad de contribuir, desde un punto de vista económico, al sostenimiento del día a día en Bruselas de Puigdemont y del resto de exconsejeros que se han instalado junto a él.

El expresidente se reunirá precisamente este viernes con los miembros electos del grupo parlamentario de JxCat, a los que ha convocado en la capital belga para preparar la legislatura que está a punto de comenzar.

JURISTAS DEL PARLAMENTO / Mientras tanto, los letrados del Parlamento catalán han decidido celebrar una reunión para fijar una posición consensuada y colegiada respecto ante una eventual investidura telemática de Carles Puigdemont.

Fuentes de los servicios jurídicos aseguran que el asunto es complejo y no quieren poner la Cámara en una situación comprometida ante un intento de investidura a distancia. Por esa razón, los letrados prefieren tener preparado un dictamen sin que, de momento, nadie lo haya pedido formalmente, aunque todos creen que será la oposición quien lo reclame.