La investigación por el caso de corrupción municipal y urbanística en Marbella suma ya su imputado número 106.
El juez Francisco Javier de Urquía quedó ayer en libertad con cargos por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho tras declarar, dada su condición de aforado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El magistrado, suspendido cautelarmente desde el jueves, compareció ante el fiscal jefe del tribunal y un juez instructor de la sala de lo Civil y lo Penal durante poco más de dos horas, y aunque a la salida su abogado no quiso hacer declaraciones amparándose en el secreto de sumario, sí trascendió que no se han tomado medidas cautelares extraordinarias y que la investigación sobre su gestión en los juzgados de instrucción número 5 de Marbella continúa, por lo que podría volver a ser citado para declarar. Su abogado se limitó a explicar que su cliente se encuentra "muy tranquilo".
La imputación de De Urquía en el caso Malaya se produce después de que el juez instructor Miguel Angel Torres --cuya excedencia en la Costa del Sol se acaba el próximo día 31 de julio-- descubriese por casualidad su nombre en algunos documentos intervenidos en el transcurso de la operación policial.
DECISIONES FAVORABLES Las pesquisas se centran en determinar si el entorno del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, gratificó de alguna manera al juez para que este, supuestamente, adoptase decisiones favorables para los implicados en el caso. Asimismo, se investiga si trató de derivar la operación que provocó la caída del ayuntamiento a su juzgado.
