El Ministerio de Administraciones Públicas, conocido con el acrónimo MAP en la jerga periodística, no vive su mejor momento. Junto a su fuerte carga burocrática --gestiona una plantilla de 600.000 funcionarios de la Administración central--, es una cartera compleja porque asume la tarea de construir el Estado de las autonomías.
Jordi Sevilla impulsó varias reformas administrativas y tuvo que lidiar con el toro bravo del Estatuto catalán. Pero Elena Salgado ha adoptado un perfil político bajo, limitando su agenda a los encuentros institucionales y evitando todo pronunciamiento público sobre el debate territorial. Y, como es lógico, el ministerio se resiente.
