La Mesa del Congreso, órgano que dirige los trabajos de la Cámara baja, admitió ayer a trámite la reforma del Estatuto catalán con la oposición exclusiva y enconada del PP, que intentó bloquear sus trabajos. Superado el primer escollo, el Congreso dio salida a un proceso que los grupos partidarios de negociar el proyecto confían que se apruebe en junio del 2006, para que se someta a referendo en septiembre.

El PP confirmó su estrategia dilatoria desde el principio, nada más reunirse la Mesa a primera hora de la mañana. Sus portavoces están en contra de la tramitación y recurrieron a todo tipo de argucias legales para impedir el debate o retrasarlo. La reunión duró todo el día por las interrupciones obligadas para asistir a la Junta de Portavoces o al pleno.

MINORIA CONSERVADORA Los cuatro miembros del PP estaban en minoría frente a los tres del PSOE y los dos de CiU e IU-ICV, pero fue lo de menos. El PP pidió que la Mesa reclamase informes al Consejo de Estado, al del Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas, por estimar que el Estatuto modifica sus competencias. La socialista Carme Chacón, el convergente Jordi Vilajoana y la secretaria de la Mesa, Isaura Navarro (IU- ICV), coincidieron en valorar la petición como un intento más de retrasar el debate y recordaron que algunos de esos informes hubieran tardado meses en ser elaborados.

La mayoría rechazó esa solicitud con el mismo argumento con el que se opuso después a la otra demanda del PP de que se califique la tramitación como reforma de la Constitución, lo que hubiera exigido que todas las decisiones contasen con el voto conservador. A pesar de todo, los populares forzaron el retraso de la decisión hasta que acabó el pleno, por la noche, aunque estaba cantada. Tan cantada que el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ya acusó a la Mesa, once horas antes de la votación, de ser "cómplice de un fraude constitucional".

La aceptación a trámite del Estatuto garantiza que la reforma pueda ser aprobada por mayoría absoluta. Es decir, con el voto de 176 de los 350 diputados de la Cámara baja. Bastaría con que se sumasen los 164 diputados del PSOE a los 8 de ERC y los 5 de IU-ICV para superar la cifra.