El pasado 30 de diciembre, el Gobierno valenciano de Francisco Camps anunció la lista de empresas que tendrán licencia para emitir en el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT).
Mientras el portavoz, Esteban González Pons, resaltaba "la pluralidad" de las concesiones, 25 empresas para 44 emisoras, la lectura de la lista hacía evidente por dónde iban los tiros. Las dos más importantes, de ámbito autonómico, han recaído en Televisión Popular del Mediterráneo (COPE) y Las Provincias TV (Vocento).
El territorio valenciano se ha dividido en 18 demarcaciones locales. A cada una de ellas corresponden tres licencias. A falta de saber las de Gandia, Denia, Segorbe y Requena, había 42 licencias a repartir.
Unedisa (El Mundo ) las ha obtenido en Benidorm, Elche, Castellón y Valencia. Libertad Digital (Federico Jiménez Losantos) podrá emitir en Sagunt, Alzira, Elche y Torrent, que incluye también Valencia ciudad. Mientras Julio Ariza (Epoca e Intereconomía) dispone de Elda, Orihuela-Torrevieja, Alcoy y Sagunto.
Los grandes perjudicados
Entre los críticos, sólo el grupo Moll (Levante de Valencia e Información de Alicante) tendrá derecho a emitir en esas dos ciudades. Camps logra aplacar así al principal grupo que podría clamar contra las concesiones. La otra emisora afortunada no afín al PP es una pequeña empresa de Morella (Castellón).
Los grandes perjudicados que deberán cerrar canales que ya funcionan son Localia (grupo Prisa) e Info TV, la única que emite íntegramente en valenciano. También queda fuera Tele 5 y, sobre todo, Valencia Televisión, el canal más potente de la capital, con más de una década de vida, pero alineado con el sector zaplanista del PP y enfrentado con el presidente Camps, al que ataca a diario desde las páginas del Diario de Valencia . Alicante, Alcoy y Benidorm son los únicos lugares en que los opositores internos de Camps obtienen su cuota, relacionada con su dominio del aparato del partido en las comarcas del sur. Fuentes del PP afirman que todo el proceso está "teledirigido desde la dirección nacional del PP".
De "golpe de estado mediático" tacharon los socialistas este reparto. Junto a Esquerra pidieron que el portavoz González Pons se persone en el Parlamento para dar explicaciones. No sabían entonces que detrás de otras pequeñas sociedades, que entre todas cubren la integridad del territorio, se esconde la empresa Mediamed. Presidida por el empresario valenciano Javier García del Moral, tiene entre sus accionistas al Semanal Digital, de Antonio Martín Beaumont, la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y el hombre fuerte de la televisión por cable ONO en Castilla y León, José Luis Uribarri, que aspira a las concesiones de TDT en esta autonomía.
Mediamed se dedicó los meses pasados a adquirir el control accionarial de empresas locales que, casualmente, al final han obtenido una licencia en cada demarcación. Dentro del PP lo ven como una maniobra personal de González Pons al margen de la tutela del PP nacional para asegurarse el control de una televisión con cobertura autonómica e independiente de los grandes grupos de comunicación españoles que siempre defenderán en primer lugar sus intereses empresariales.
La TDT llega en un momento delicado para la televisión pública autonómica, sobre la que el Gobierno ejerce gran control. Con más de mil empleados y otros tantos dependientes, la Radiotelevisió Valenciana se enfrenta a la competencia en los contenidos locales de grupos de ideología similar que deberán estar en marcha como mucho en un año.
