Cuando aún faltaban unas horas para el último debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el PP optó por un golpe de efecto: propuso un incremento de deducciones en el IRPF por compra de vivienda, es decir, pasar del 15% actual a un 25% y aumentar la base de deducción de los 9.015 euros a los 10.000 euros. Así, los populares buscaban que los informativos y webs difundieran su propuesta, a fin de que una gran parte de los espectadores del último cara a cara televisivo la pudieran tener interiorizada antes de que comenzara.

El encargado de hacer pública dicha propuesta fue el coordinador del programa electoral del PP, Juan Costa, quien subrayó en rueda de prensa que su proyecto podría beneficiar a más de 5,5 millones de contribuyentes y suponer un ahorro de 1.500 millones de euros para familias hipotecadas, según sus cálculos.

Costa señaló además que, si ganan el 9-M y ponen en marcha este plan, facilitarán que los trabajadores puedan elegir el modo en que recibirán la deducción: bien a la hora de hacer la declaración de la renta --como viene sucediendo hasta ahora--, bien solicitando que dicha deducción se aplique directamente sobre las retenciones mensuales de las nóminas, de forma que podrían percibir aumentado su sueldo hasta en unos 2.500 euros anuales (resultado de establecer el 25% sobre el máximo de 10.000 euros anuales).

MIL EUROS MENOS A modo de ejemplo, el dirigente conservador señaló que un contribuyente con una hipoteca de unos 155.000 euros podría llegar a pagar 1.075 euros menos al año en impuestos, si es su partido el que gana las próximas elecciones del 9 de marzo.

Los populares son conscientes de que la medida presentada es opuesta a la filosofía socialista, que prefiere incentivar el alquiler y evitar nuevos endeudamientos. De hecho, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, llegó a plantear la eliminación progresiva de esta deducción, aunque el PSOE decidió finalmente mantenerla. El PP cree que, en tiempos de incertidumbre, habrá menos gente dispuesta a solicitar hipotecas y mayor dificultad para que una entidad bancaria conceda préstamos, por lo que, a su juicio, se minimiza el riesgo de fomentar la deuda familiar.