La investigación sobre corrupción y tráfico de influencias, presuntamente vinculada al PP, mantiene en alerta máxima a los dirigentes del partido. No es para menos. El juez Baltasar Garzón ya ha avisado de que está investigando, en Madrid y Valencia, a cargos populares que pudieron recibir sobornos de los empresarios imputados en el caso, a cambio de trato de favor. ¿Cómo influirá tan turbio asunto en las elecciones gallegas y vascas? ¿Y en el futuro de un debilitado Partido Popular? "Vete a saber. Pero, en estos momentos, el único que parece al margen y no está en cuestión es Alberto Ruiz-Gallardón". Esta respuesta la repiten, aunque enunciada de distinta forma, distintos gerifaltes conservadores ante la prensa.

Los populares, además de preocuparse por las consecuencias inmediatas que pueda tener el caso Correa, lo miden en clave sucesoria. Tras dos derrotas electorales y una guerra abierta con Esperanza Aguirre, el ahora líder del partido, Mariano Rajoy, está instalado en la cuerda floja. Solo eso explica que sus compañeros, ante el más mínimo susto político, sigan pensando en la elección de un nuevo jefe.

LOS FEUDOS, BAJO ASEDIO. Garzón apunta, como mínimo, hacia cargos autonómicos y locales en Madrid y Valencia, dos territorios gobernados por el PP que son sus graneros de voto conservador. Eso ha hecho que, hasta el momento, sus barones territoriales en dichas comunidades, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, fueran piezas clave en cualquier decisión interna: ambos arrastran a miles de votantes y, lo que es más importante cuando se trata de escoger líder, de militantes.

No obstante, la investigación de Garzón ha puesto en cuestión la gestión de ambos. Por tanto, también su influencia e incluso sus posibilidades sucesorias, si se confirmaran. Además, Aguirre tiene pendiente la resolución del caso del espionaje supuestamente vinculado a su Comunidad. En este contexto, está por ver a cuánto asciende la factura política (y sobre todo judicial) que han de pagar el PP madrileño y valenciano. O si parte de esa hipotética factura no la acaba sufragando el propio Rajoy.

PASAR AL CONTRATAQUE. Son muchos los que hablan en privado del escándalo y, al menos hasta el miércoles, pocos los que se atrevían a decir algo ante los micrófonos. La honorabilidad de un PP bajo sospecha era defendida por los supuestamente afectados y por los portavoces oficiales del PP, incluido Rajoy. Pero la última reunión del comité ejecutivo popular --que terminó con una foto inolvidable de toda la dirección arropando a un líder que se dice acosado por el PSOE, Garzón y la fiscalía--, marcó un antes y un después en la estrategia: se pasó al contrataque.

La gran mayoría de dirigentes conservadores denuncian, siempre que tienen ocasión, el juez de la Audiencia Nacional estaba, el pasado fin de semana, en una cacería con el ministro de Justicia, mientras aguardaban en el calabozo algunos de los imputados en el caso que investiga. El PP sugiere que hubo conspiración.

Mientras, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, proclama la honradez del partido en que milita. Eso sí, evitando cualquier alusión malintencionada contra Garzón o el Gobierno.

El que guarda silencio absoluto (al menos, de momento) es José María Aznar. Y eso que fue en su etapa al frente del PP cuando se contrataron las empresas ligadas a la trama de corrupción. En la actual dirección del partido se acoge bien esa "prudencia", aunque varios de sus integrantes creen que sus relaciones con Rajoy son irrecuperables y que, en caso de catarsis interna, daría su respaldo a Alberto RuizGallardón.

EL APOYO DE AZNAR. Esa tesis sobre el hipotético apoyo de Aznar al alcalde se ha extendido, de hecho, por todos los sectores del partido. Incluido el del ala dura. Sin embargo, tanto en el entorno de la Comunidad de Madrid como en otras circunscripciones se baraja otra opción: pedir a un Rodrigo Rato muy reticente a volver a la política.

Pero, hoy por hoy, Rajoy sigue al frente del PP. Por muy cuestionado que esté su liderazgo. El no se quiere marchar. Su mayor problema es que son sus compañeros los que ligan su futuro a los resultados del 1 de marzo.