El promotor José Miguel Villarroya, imputado en el "caso Malaya" sobre corrupción municipal y urbanística en Marbella, regaló al ex alcalde de esta ciudad Julián Muñoz una vivienda a cambio de favores urbanísticos en la concesión de licencias para varias promociones en 1998 y 1999.
En un auto del juez instructor recogido en los más de 4.000 folios sobre los que se ha levantado el secreto de sumario, se indica que el empresario vendió a Muñoz una vivienda de la promoción La Pepina de Marbella sin que el ex regidor tuviera que abonar ninguna cuantía.
Villarroya, que quedó en libertad bajo una fianza de 500.000 euros tras declarar ante el juez, era titular de la sociedad Azalea Beach, que desarrolló la promoción de La Pepina y obtuvo otras licencias de obras gracias a la intervención de Julián Muñoz, que se encuentra en prisión preventiva.
Otra de las operaciones que llevó a cabo fue la venta a la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, por un valor nominal de 3.006 euros de todas las participaciones de la sociedad Senior Servicios Generales Madrid, que era propietaria de un piso, dos garajes y un trastero en la zona de Ricardo Soriano de Marbella.
De esta forma, el ex alcalde, que pasó a ser el verdadero titular de esa entidad, adquirió inmuebles valorados en más de 132.200 euros por el valor nominal de la acciones de la sociedad de Villarroya.
Ese mismo año el Ayuntamiento adjudicó a la entidad del promotor las obras del mercado de Divina Pastora sobre las que existe un gran número de reparos por parte del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, el empresario consiguió en 2002 un contrato para llevar a cabo la tasación de los bienes de titularidad municipal para el inventario del consistorio, pese a que su sociedad, en este caso Value, no contaba con trabajadores para ese cometido.
Esta sociedad no desarrolló el trabajo pero facturó a Patrimonio Local, presidida entonces por Muñoz, más de 1,6 millones de euros.
A su vez, la sociedad Value contrató a Fincas y Contabilidad, una empresa fantasma creada para apoderarse de los fondos del Ayuntamiento, y le abonó más de 1,1 millones de euros por la tasación que no realizó.
Los supuestos partícipes de esa facturación fueron Marta Jiménez Notario, hija de un imputado en el "caso Saqueo" y que ha trabajado para una de las sociedades del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama del "caso Malaya"; un empleado de la Gerencia de Obras y Servicios de Marbella y un trabajador de la empresa municipal Jardines 2000.
En el auto el juez señala que Villarroya colaboró en esta operación y se benefició de la facturación que obtuvo la sociedad fantasma.
