PSOE e IU pusieron ayer sobre la mesa las primeras propuestas de regeneración tras el escándalo de los diputados traidores Eduardo Tamayo y María José Sáez en la Asamblea de Madrid. El secretario general de los socialistas madrileños y candidato a la presidencia autonómica, Rafael Simancas, propuso al resto de las fuerzas un acuerdo para que los diputados regionales queden obligados a presentar una "declaración pública de bienes" cuando todavía son candidatos y otra al finalizar el mandato si resultaran elegidos.
En la actualidad, los diputados madrileños están obligados a realizar en la Asamblea una declaración pública de actividades antes de tomar posesión de su escaño, y a efectuar ante notario la declaración de bienes, a la que sólo la Cámara puede acceder.
REFORMAS LEGALES
Las reformas que plantea IU son de mayor calado y amplitud territorial. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, propuso la formación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar la reforma de las leyes electorales, de incompatibilidades y del suelo. Se trata de introducir mecanismos de transparencia que permitan a los electores saber a quién votan, de impedir que la voluntad popular se pueda ver alterada por intereses individuales ligados a la actividad empresarial, urbanística e inmobiliaria, y de aplicar incompatibilidades estrictas a los cargos públicos, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.
IU, que ha pedido sin éxito la reunión del pacto antitransfuguismo, también propone el estudio de la reforma de las leyes del suelo para reforzar los controles e impedir la compra de voluntades políticas por parte de los especuladores.
