El presidente del PP, Mariano Rajoy, instó ayer al Gobierno a iniciar cuanto antes el proceso para ilegalizar a ANV por no condenar el atentado del viernes por ETA en Durango (Vizcaya). El líder popular defendió esta medida como una de las prioridades que debería abordar el Ejecutivo en la lucha contra la banda terrorista, y también se mostró partidario de que los partidos rompan las coaliciones que han formado con ANV en los ayuntamientos vascos y navarros.
El PP reclamó al Ejecutivo que inste, mediante la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, el proceso de ilegalización. A su juicio, no condenarlo confirma su vinculación con ETA.
En declaraciones realizadas en la localidad coruñesa de Betanzos, Rajoy pidió un mayor apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y apostó por potenciar la cooperación internacional en la lucha antiterrorista.
UNIDAD ENTRE POPULARES El Partido Popular del País Vasco mostró una total sintonía con Rajoy. Su secretario general, Carmelo Barrio, expresó que el Gobierno debe actuar "no solo contra los comandos y los terroristas de las pistolas y las bombas", sino contra el "entramado terrorista en su conjunto, como son Batasuna, EHAK y ANV".
El grupo de ANV en el Ayuntamiento de Amurrio (Alava), como ya lo hizo el viernes en Durango, eludió censurar el último atentado. La junta municipal de portavoces decidió reclamar por unanimidad de las cuatro fuerzas políticas presentes --EA, PNV, PSE y PP, y en ausencia del concejal de ANV-- "el final de todo tipo de violencia".
La fuerza aberzale justificó su actitud en que "la condena del atentado no es el camino". Arantza Urkaregi, miembro de la lista ilegalizada de ANV al Ayuntamiento de Bilbao, dijo que su partido apuesta por un escenario sin "atentados" ni "represión". En una entrevista, destacó que, para abordar un proceso de paz, es necesario "un escenario sin ningún tipo de violencia". Urkaregi añadió que también su partido podría pedir que se "condenen las detenciones, la represión o la tortura".
