El Consejo de Ministros aprobó por fin ayer, con más de un año de retraso, la conocida como ley de memoria histórica. Inmune a las presiones, el Gobierno ha excluido del proyecto la prometida "satisfacción jurídica" a los represaliados por el franquismo, que exigía la anulación de los consejos de guerra y otros juicios sumarísimos de la dictadura. A cambio, si lo solicitan el afectado, sus herederos o alguna institución, el Boletín Oficial Estado (BOE) publicará una escueta nota sobre la injusticia de la condena. Sin efecto jurídico alguno, por supuesto.

"Proyecto de ley de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura." Este es el ampuloso nombre de una norma que equipara a las víctimas de ambos bandos decepcionando a la izquierda, por sus carencias; y a la derecha, por su mera existencia.

Coordinadora del proyecto, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega llamó el jueves a todos los portavoces parlamentarios para avanzarles su contenido, inspirado por el "espíritu de concordia y conciliación", y para ofrecerles consenso. Su objetivo es pactar la ley "con todos".

"CARACTER INJUSTO" Con 25 artículos y tres disposiciones, la norma abarca desde la reparación "moral" a las víctimas hasta las ayudas, pasando por la búsqueda de fosas comunes y la sistematización de los archivos. Estas son las principales medidas:

El texto recoge "un reconocimiento general y solemne" del dolor sufrido por republicanos y nacionales durante la guerra civil, y después por los primeros bajo el yugo franquista. También alude al "carácter injusto" de los consejos de guerra y otros juicios políticos sin garantías sufridos por miles de españoles.

Lo que no establece el proyecto es la anulación de todas estas sentencias que califica de "injustas". Ni siquiera un mecanismo para que las revisen los tribunales. Y eso que Fernández de la Vega se comprometió en el 2004 a brindar una "satisfacción jurídica" a los represaliados.

Para justificar este flagrante incumplimiento, el Ejecutivo pretexta que quiere ahorrar a los ciudadanos largos y onerosos procesos judiciales, pero se escuda sobre todo en la doctrina del Tribunal Constitucional que, a su juicio, impide la aplicación retroactiva de normas aprobadas tras la Carta Magna. No es ese el criterio, sin embargo, de prestigioso juristas como Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín y Baltasar Garzón.

A los condenados y a sus deudos solo les quedará un consuelo: que el Estado declare públicamente --si este concepto engloba al BOE-- la injusticia de las sentencias que padecieron. Durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley podrán solicitarlo los supervivientes, sus familias o las instituciones, y la petición será analizada primero por una comisión ministerial y, en el plazo de otros 12 meses, por una comisión de cinco expertos designados por el Congreso. En la elección de ese consejo el Gobierno ha otorgado al PP el derecho de veto, pues precisará una mayoría de tres quintos del Congreso, inalcanzable sin el concurso de los populares.

20 MILLONES DE EUROS Más completo es el capítulo financiero. La ley eleva a 132,86 euros la pensión de orfandad y amplía los beneficiarios de la ayuda y de la de viudedad, que podrán obtener los herederos de los fallecidos en la guerra civil y en la posterior represión. Mejora la indemnización por estancia en prisión --6.012 euros por los tres primeros años y 1.202 más por cada trienio posterior--, a la que accederán los reclutados por los batallones disciplinarios. Para sufragar las ayudas el Estado debe destinar 20 millones de euros.

Los fallecidos en enfrentamientos con la policía en la etapa final del franquismo correrán mejor suerte que quienes fueron ejecutados tras un consejo de guerra. Los beneficiarios de esta disposición serán los muertos por abusos policiales desde el 1 de enero de 1968 hasta la amnistía del 6 de octubre de 1977.

Miles de republicanos fueron fusilados y abandonados en fosas. Familias y asociaciones llevan años buscando estas fosas y tratando de identificar a los muertos con costosos análisis de ADN. Para su disgusto, el proyecto no satisface sus demandas, pues solo establece que las administraciones deberán "facilitar" la búsqueda de los osarios, pero no sufragar la identificación.