Roca, el cerebro de la trama de corrupción de Marbella, a prisión

El juez ha adoptado esta medida por la alarma social generada, el riesgo de fuga y la posibilidad de que se destruyan pruebas que pudieran servir para la investigación, que aún no ha concluido. Los detenidos defienden su inocencia y proclaman que todo es un "montaje" porque no hay pruebas concluyentes. José Aníbal Alvarez, defensor de Juan Antonio Roca, insistió en que hay "órdenes directas" de que vayan todos a la cárcel.

Fuentes judiciales explicaron que en el auto de prisión se les acusa de malversación de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales, tráfico de influencias y, en el caso de Roca, de delito ecológico en relación a las pieles halladas en su domicilio. Hasta ahora, la Fiscalía ha encontrado pruebas e indicios de que los detenidos formaban parte de un entramado societario que encubriría actividades delictivas.

COMISIONES Y CONTRATOS Estas actuaciones irregulares se dividirían en dos frentes: el urbanístico, con Roca como principal actor a través de la sociedad municipal Planeamiento 2000, en la que se reclamaba el pago de comisiones por recalificaciones o cambios de edificabilidad, por ejemplo; y los contratos públicos y subastas, en el que estarían envueltos el resto de ediles y a cuya adjudicación irregular no habría puesto pegas el secretario municipal, en prisión.

En este caso, tanto la alcaldesa como los miembros de su corporación implicados habrían favorecido la concesión de determinados servicios, declarados previamente desiertos en los concursos públicos, a empresarios testaferros de Roca y habrían recibido a cambio regalos. Estos testaferros habrían copado la mayoría de las adjudicaciones públicas mediante distintas empresas. Así, uno de los detenidos en la operación Malaya, Ismael Pérez Peña, es uno de los apoderados de la empresa que tiene los coches alquilados en renting al ayuntamiento y de la entidad del servicio de grúas. Su concesión habría sido agradecida con vehículos de alta gama conducidos por la alcaldesa y su familia.

PAPEL DE LOS EDILES Los concejales detenidos también tienen su papel en el entramado societario orquestado por el asesor de Urbanismo. Victoriano Rodríguez, edil de Transportes y Vía Pública, ha sido sustituido como administrador único en un par de empresas por algunos testaferros de Roca, entre ellos su abogado, Francisco Antonio Soriano, también detenido.

La mayor parte de estas actividades económicas se llevaban a cabo mediante las sociedades municipales, que en el último año habían recibido transferencias del ayuntamiento cercanas a los 60 millones de euros (1.000 millones de pesetas). Fuentes policiales afirman que Roca habría utilizado más de un centenar de sociedades instrumentales regentadas por sus testaferros --como Ismael Pérez Peña-- que servían de tapadera para blanquear el dinero obtenido mediante el cobro de comisiones o actividades ilícitas y que se elevaría a varios cientos de millones. La cobertura legal la proporcionaban varios despachos de abogados, como el de Oscar Alberto Benavente y, sobre todo, el de Francisco Soriano Pastor y Miguel Sánchez Zubizarreta en Madrid. En el registro de éste último ayer fueron hallados 860.000 euros (142 millones de pesetas).

Esta nueva intervención podría dejar pequeña la previsión inicial del Ministerio de Interior, que cifraba en 2.400 millones de euros el valor de los bienes, cuentas bancarias, obras de arte y dinero incautados. Así, en los más de 30 registros de la operación Malaya se han localizado casi 1,7 millones de euros en metálico (280.000 millones de pesetas) Parte del dinero --370.000 euros-- fueron incautados en la casa que la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, tiene en Málaga. Según su abogado, Marcos dirá al juez que el dinero procede de la herencia de su padre y de regalos de su boda.