El Gobierno ha planteado sancionar con una suspensión de ocho meses de empleo y sueldo al diplomático Fernando Valderrama, que en octubre pasado provocó una tormenta política al dimitir como máximo responsable de la Embajada española en Irak. La instructora del expendiente, la funcionaria del Ministerio de Administraciones Públicas Flor López, considera que Valderrama cometió dos faltas graves --perturbación del servicio e insubordinación-- y una leve --ofensas a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio-- al materializar su dimisión en medio de duras críticas al Ejecutivo por su apoyo a una guerra contra Irak.

Valderrama fue notificado de los cargos a finales de diciembre y presentó de inmediato sus alegaciones, según señalaron fuentes allegadas al diplomático. A la imputación de perturbación de servicio, Valderrama ha replicado que todas las declaraciones a la prensa que hizo en Bagdad con motivo de su dimisión las realizó durante el fin de semana y, por tanto, no alteró el normal funcionamiento de la embajada.

Respecto a la acusación de insubordinación, por haber insistido en sus declaraciones críticas después de que se lo prohibiera expresamente la ministra, el diplomático replicó que esas manifestaciones las hizo a su regreso a España, cuando ya había dimitido de su cargo de encargado de negocios en Irak y responsable de la embajada por ausencia del titular. Madrid y Bagdad retiraron sus respectivos embajadores tras la guerra del Golfo, en 1991.

"METODO SOVIETICO"

También negó Valderrama que hubiera ofendido con sus declaraciones a la ministra, a la que acusó de aplicar en su caso el "método soviético de calificar de enfermos mentales a los disidentes". El funcionario alegó que fue la ministra quien lo ofendió primero a él al afirmar ante los periodistas que había dimitido por "miedo" y porque no había soportado la tensión en Irak.

Entretanto, y como alternativa a la falta de comparecencia de José María Aznar ante el Parlamento para explicar la posición española en la crisis iraquí, el secretario de Estado de Exteriores, Ramón Gil-Casares, se reunió ayer con los portavoces de los distintos grupos políticos para abordar ese asunto y aseguró que, de momento, EEUU no ha pedido al Gobierno ni soldados ni bases para un eventual ataque a Bagdad.