"Por fin, alguien va a meter mano en esto", se congratulaba ayer Angel Galindo, el concejal portavoz de Alternativa por Boadilla (APB) tras felicitar al juez Baltasar Garzón y a la fiscalía por la investigación contra la trama de corrupción que ha salpicado al PP.

El edil recordó que el ayuntamiento que dirige el popular Arturo González Panero acumula más de 30 denuncias por irregularidades en las adjudicaciones de contratos. Este ayuntamiento, en la zona noble de Madrid, se ha convertido en un claro ejemplo de los trapicheos de Francisco Correa, el presunto jefe de la red, que afecta a varias autonomías. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde uno de los principales implicados es Alvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa contratada con asiduidad por el Gobierno de Francisco Camps y el PP local.

Fuentes municipales de Boadilla recuerdan que Correa creció a la sombra de José María Aznar y mantuvo buenas relaciones con el yernísimo , Alejandro Agag, aunque ahora "le niegue como a San Pedro". Correa, conocido como el conseguidor , "lo ha hecho todo y conoce a todo el mundo". Por ello, en el cuartel general del PP están bastante expectantes por su comparecencia ante Garzón. "Si tira de la manta, Rajoy se va a quedar muy solo", vaticinan. Y es que parece que el juez sabe lo que busca.

El viernes obligó al Ayuntamiento de Boadilla a entregarle tres expedientes. Uno sobre la venta de una parcela a la empresa UFC por 35 millones de euros, aunque otras dos llegaron a ofrecer 39 millones. El otro expediente es de la oficina de atención al ciudadano, que fue adjudicada a la empresa Easy Concept, cuya representante es Felisa Jordán, una de los cinco detenidos. Esta sociedad se hizo con un contrato de 530.000 euros anuales durante 14 años por colocar a dos azafatas en un local del consistorio para que informen, por ejemplo, de dónde está el centro de salud. Este modelo de oficinas ha encontrado hueco en otros ayuntamientos como el de Paterna en Valencia, según fuentes municipales.

El tercer expediente explica la adjudicación para la construcción de 20 locales comerciales a la empresa de Ramón Blanco, hombre de confianza de Correa. La policía dejó ayer en libertad a Jordán y a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez. Los otros tres detenidos --Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-- pasarán hoy a disposición judicial.