Con la voluntad clara de marcar la agenda política, el PSOE enmendó ayer la ponencia marco del 37º congreso con un pretendido sesgo progresista. Uno de los cambios alude a la ley laicista que desea impulsar, aunque con el deseo expreso de no provocar división y dejando al Gobierno la libertad para concretarlo. Algunos ministros, de hecho, se muestran escépticos, incluso contrariados, ante una iniciativa que puede desatar conflictos innecesarios y que ven condenada al fracaso.
En el texto se apuesta por abordar "la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas de los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado". Pero las peticiones para revisar los acuerdos con la Santa Sede no se recogen. También se incorporan enmiendas favorables a impulsar una ley de plazos sobre el aborto, algo que, como la reforma de la ley de libertad religiosa, el Ejecutivo no juzga prioritario.
El Gobierno no desea adoptar en esta legislatura medidas que provoquen divisiones sociales, después de todos los frentes que abrió en la anterior con, por ejemplo, la negociación con ETA. La prudencia, por tanto, será la tónica en este segundo mandato.
Esa expresión es la que utilizó ayer Ramon Jáuregui, responsable de la ponencia, al describir el texto sobre el laicismo: "suficientemente prudentes" y a la vez "suficientemente firmes". Jáuregui dejó claro que "la Iglesia, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el PSOE, debe ser consciente de que la relación especial con ella no significa limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado".
FUNERALES Prueba de esa prudencia es que Jáuregui, hombre de convicciones religiosas, rechazó con contundencia la posibilidad de que esa medida sobre la retirada de símbolos religiosos pudiera servir para suprimir los funerales de Estado.
