Varapalo a la ley de extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar. El Tribunal Constitucional ha anulado dos artículos que restringían el acceso de los extranjeros a la educación y a la justicia gratuita, ya que exigía que fueran residentes en nuestro país. Además, pedirá al legislador que redacte los derechos de reunión, huelga, manifestación, sindicación y asociación de los inmigrantes.
El alto tribunal hizo público ayer su fallo. Cuatro magistrados han formulado un voto particular. La ponente de la resolución ha sido la presidenta, María Emilia Casas, experta en Derecho laboral, que ha resuelto un recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra esa ley.
El alto tribunal informó de que anula el artículo que exigía que solo los extranjeros residentes en nuestro país puedan acceder a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. También desaparece la exigencia de residencia para los extranjeros que acrediten problemas económicos para litigar. A partir de ahora, los inmigrantes, independientemente de su situación legal, podrán disfrutar del derecho a la justicia gratuita.
Por contra, el alto tribunal se limita a declarar inconstitucionales los artículos de la norma que regulan el derecho de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. La ley exigía a los extranjeros que pudieran acceder a esos derechos "cuando obtengan autorización de estancia o residencia".
Fuentes del alto tribunal han explicado que los jueces han realizado una interpretación sobre la aplicación de esos derechos. Esos principios deberán ser, en principio, asumidos por el legislador, que tendrá que reformar la ley para que sean constitucionales, según la versión del alto tribunal. El Constitucional también realiza una interpretación del artículo de la ley que regula la expulsión de los extranjeros cuando llegan a la frontera "en el plazo más breve posible".
LA REACCION La decisión del Constitucional fue bien recibida por sindicatos, colectivos de inmigrantes y partidos políticos. Comisiones Obreras celebró que el alto tribunal haya anulado una ley que "vulneraba derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución".
Por su parte, el dirigente del PSOE, Diego López Garrido, pidió explicaciones al PP por esta ley. Además, recordó que Aznar utilizó en el 2000 su mayoría absoluta para "negar" con la ley de extranjería derechos fundamentales. Por ello, consideró que la decisión del alto tribunal "es un varapalo de enormes proporciones". El PP no se pronunció.
