El Tribunal Constitucional ha concluido la tramitación de las recusaciones presentadas por el Gobierno contra los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata en el recurso presentado por el PP contra la ley que permite prorrogar el mandato de la presidencia.
La instructora de los expedientes, la jueza progresista Elisa Pérez Vera, ha decidido que no es necesario practicar más pruebas para que el pleno resuelva las recusaciones.
El Gobierno pidió que se aparte a los conservadores del debate por haber remitido a la presidenta, María Emilia Casas, el pasado junio, una carta en la que le pedían que dimitiera al haber cumplido tres años en el cargo. Por ello, el abogado del Estado entendía que ambos habían perdido la objetividad para resolver el recurso del PP.
García-Calvo y RodríguezZapata han rechazado los alegatos del Gobierno. Los jueces pedían que se rechazaran las recusaciones por entender que no existen causas legales para examinarlas. Además, Rodríguez-Zapata planteó que el Gobierno pretende con las recusaciones "obtener una determinada composición del tribunal", según la versión ofrecida "por varios medios de comunicación".
Estas recusaciones serán examinadas por ocho de los 12 jueces del alto tribunal. En los debates no participarán ni la presidenta ni el vicepresidente, Guillermo Jiménez, que se han abstenido por entender que la reforma les afecta. Los recusados no podrán participar en el debate.
"FRAUDE DE LEY" El pleno del Constitucional rechazó en noviembre las recusaciones del PP contra tres magistrados progresistas, Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps, por considerar que eran "un fraude de ley". El PP les recusó para responder a la doble recusación del Gobierno y se apoyó en una información del diario El Mundo sobre una supuesta conversación que mantuvieron los jueces y Casas.
