Todos los partidos coinciden en reclamar más ayudas para las víctimas de la masacre. Los socialistas y las minorías quieren que la ley de solidaridad que está elaborando el Ejecutivo les reserve un porcentaje de ofertas públicas de empleo, incluya a las parejas de hecho, cree una oficina única para su asistencia e incremente la dotación presupuestaria. Muestran también apoyo a Gregorio Peces-Barba, repudiado por el PP, como alto comisionado.
