Tras 24 horas de calculado silencio, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer su versión sobre la polémica generada por ella misma --y amplificada por el PP-- al anunciar el lunes que la Fiscalía presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo del caso Camps . Y lo hizo para negar que interfiriera en la decisión del fiscal al que, según desveló, llamó ese mismo día solo para "informarse", minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación.

Los populares, al acecho, replicaron en cuestión de minutos a De la Vega a través de su portavoz en el área de justicia, Federico Trillo, que se preguntó si la vicepresidenta recorre Iberoamérica, "a cuenta del contribuyente", para estar "llamando a todas a horas" al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y preocuparse por el caso Gürtel .

El quid de la cuestión radica en si es criticable o no que el anuncio de recurso de De la Vega llegara antes que el de la propia Fiscalía, que se produjo en Madrid 10 minutos después. Para la vicepresidenta, está dentro de lo "normal" que su equipo telefoneara desde San José (Costa Rica) al ministerio fiscal para conocer si se iba a recurrir el sobreseimiento del caso Camps . La respuesta fue afirmativa y ella dio cuenta a la prensa.

Los populares consideran que, con ese gesto, al Ejecutivo socialista "se le ha caído la careta" y ha dejado ver que está detrás de una conspiración contra el PP, que pasaría por usar la justicia como arma arrojadiza contra ellos. Tan convencidos están de que salir al contrataque les resulta rentable que, el martes pasado, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se atrevió a mezclar la lucha antiterrorista en esta polémica. "Es la primera vez que un Gobierno usa a la Fiscalía, no para dar instrucciones para perseguir a ETA, sino para perseguir a la oposición", llegó a decir. El PSOE, ante esto, emitió ayer un par de comunicados: uno para respaldar a De la Vega y otro para exigir a Mariano Rajoy que rectifique a su número dos por "frivolizar" con la lucha antiterrorista.

De la Vega, por su lado, se esforzó en defender la "independencia" judicial y aseveró que la decisión de la Fiscalía ha sido "coherente". Y recalcó que fue una denuncia de militantes conservadores la que llevó a los jueces a abrir la investigación y reprochó al PP el haber orquestado una campaña contra ella para "eludir la acción de la justicia".

FABRA SACA PECHO En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, animado por el archivo del caso Camps , auguró que los asuntos que tiene pendientes en los juzgados --está imputado en varios delitos vinculados a la corrupción-- acabarán también archivados. "A los socialistas, el archivo les ha sentado como un cuerno quemado. Como dicen en mi pueblo: ajo, agua y resina. A joderse, a aguantarse y a resignarse", añadió.