Amayor protagonismo del Estatuto catalán, menor respaldo electoral del PSOE. Esta es la ecuación de sus encuestas, que reflejan un ligero repunte de la intención de voto en diciembre tras el fuerte retroceso sufrido entre octubre y noviembre, después de la aprobación de la Carta catalana en el Parlamento de Cataluña y su toma en consideración en el Congreso. Con estos datos, José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido agilizar su programa de reformas sociales para eclipsar el debate del Estatut, según fuentes oficiales.
Frustrado su objetivo de cerrar en el 2005 un pacto sobre el Estatuto que amortiguara el debate, el presidente pretende relegarlo a un segundo plano a partir del 9 de enero, cuando venza la tregua que se han dado los negociadores del PSOE y el cuatripartito. En sus últimas intervenciones públicas ya se ha desentendido de la negociación estatutaria y ha acuñado un nuevo concepto: el "patriotismo social". Para dotarlo de contenido ha ordenado a los dos vicepresidentes, Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, y al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que den prioridad a las reformas sociales que tienen en cartera. Y al secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, que brinde el máximo relieve informativo a estas medidas.
LOS PROYECTOS En apenas tres meses, Caldera dará salida a tres de los proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: las leyes de dependencia e igualdad laboral de las mujeres y el Plan de Integración Cívica y Social de la Inmigración.
En enero, cuando el Consejo de Estado emita el preceptivo dictamen sobre el anteproyecto de ley de dependencia que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre, el Gobierno enviará al Congreso una norma con la que pretende instituir el "cuarto pilar del Estado del bienestar": el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas --y también de sus familias-- a recibir ayudas públicas.
La ley de atención a las personas dependientes se aplicará gradualmente hasta el 2015, pero el próximo año ya beneficiará a las 200.000 personas con mayor dependencia. El tercio del coste de este plan --9.000 millones de euros anuales al final del proceso-- correrá a cargo de los usuarios según su renta y patrimonio; el resto lo pagarán al 50% el Estado y las autonomías. Caldera dice que el Gobierno garantizará unas prestaciones mínimas iguales en toda España.
COMBATIR LA MARGINACION También en enero, Caldera llevará al Consejo de Ministros el plan de integración de los inmigrantes, con medidas sociales, sanitarias, educativas y culturales. Su objetivo es combatir las situaciones de marginación para prevenir estallidos sociales como los registrados recientemente en Francia. Entretanto, Solbes tiene el encargo de presentar este mes la reforma fiscal, que beneficiará a los trabajadores con rentas más bajas e incluirá una rebaja del impuesto de sociedades para ayudar a las empresas a crear nuevos empleos. El Gobierno dará publicidad a estas rebajas del IRPF y del impuesto de sociedades, si bien no entrarán en vigor hasta enero del 2007.
La cuarta reforma social se presentará en marzo, cuando la tramitación del Estatuto en el Congreso esté en su punto álgido. Será la ley de igualdad, para incentivar la equiparación laboral y salarial entre mujeres y hombres. La ley, que Caldera dotará con 400 millones de euros, incluirá un permiso de paternidad de al menos un semana.
