El reto es considerable, pero el Gobierno está dispuesto a afrontarlo. José Luis Rodríguez Zapatero ni se plantea prorrogar los presupuestos del 2007 para evitarse el trago. Y eso que unas elecciones generales en marzo del 2008 --con la consiguiente disolución de las Cortes en enero-- invitarían a más de uno a relajarse. La maquinaria para sacar las cuentas del próximo año ya está en marcha y, hoy por hoy, el Gobierno cuenta con apoyos, justos pero suficientes, para superar el trámite parlamentario.

Es cierto que las relaciones con los socios de investidura no pasan por su mejor momento. La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, fue la semana pasada la imagen de ese descontento, cuando más de la mitad del Congreso pidió su dimisión. Al malestar de los grupos catalanes por la crisis de las infrastructuras se añade la desazón de IU, que puede hacer pagar al PSOE haber dejado gobernar a UPN en Navarra en detrimento del pacto entre la izquierda y los nacionalistas de Nafarroa Bai.

12 PARA LA MAYORIA ABSOLUTA Con todo, la sangre no llegará al río. La aritmética parlamentaria permite respirar al Ejecutivo. Hay votos suficientes con los siete que ha comprometido el PNV --tras el pacto sobre el cupo vasco, de inversiones en la Y ferroviaria, y el previsible acuerdo entre nacionalistas y PSE en los presupuestos vascos, por tercer año consecutivo-- a los que hay que sumar los dos del BNG --aliados de los socialistas en la Xunta gallega-- y tres más del grupo mixto, previsiblemente Chunta Aragonesista y Eusko Alkartasuna y un disidente de Coalición Canaria, Ramón Rodríguez. El PSOE necesita esos 12 apoyos para sumarlos a sus 164 asientos y lograr la mayoría absoluta que requiere la ley.

La maquinaria está en marcha desde antes del verano, cuando se aprobó el techo de gasto para el próximo ejercicio, 9.600 millones de euros más que este año. El responsable de cuadrar las cifras, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya mantuvo una ronda de encuentros con los portavoces parlamentarios en julio. Tras ese contacto, será el turno del Grupo Socialista.

Nada más iniciarse septiembre, su portavoz, Diego López Garrido, que ayer se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a acuerdos, especialmente con IU-ICV y ERC, empezará a negociar voto a voto más apoyos. A diferencia de otros años, los más pequeños serán los primeros. Uno a uno, tratará de atraerse al diputado que abandonó el PP, el valenciano Joaquín Calomarde. Los otros dos diputados de Coalición Canaria serán más difíciles de convencer tras el acuerdo de ese grupo y el PP para gobernar el archipiélago. La representante de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, puede aprovechar la ocasión para cobrarse el desaire del PSOE a su partido en Navarra.

En paralelo a las gestiones de los socialistas, el Gobierno tratará con la Generalitat catalana un asunto que será el nudo gordiano de las cuentas del próximo año: la fórmula para cumplir el mandato estatutario de invertir en infraestructuras para Cataluña el 18,5% del total presupuestado. Si la suma final satisface al Ejecutivo catalán, no habrá enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana.

DEBATE, EL 23 DE OCTUBRE En rigor, el riesgo para el Gobierno es escaso y lejano. A las que serán sus últimas cuentas en esta legislatura le quedan dos meses para pasar el primer filtro parlamentario. El Gobierno las remitirá a las Cortes en la última semana de septiembre y los grupos tendrán 15 días para presentar enmiendas de totalidad. El primer debate en pleno será el 23 de octubre. Pero en esa cita ningún grupo está obligado a aprobar aún las cuentas, solo a pronunciarse sobre devolvérselas al Ejecutivo socialista. El Partido Popular lo pedirá, pero es poco probable que algún grupo le respalde. La opción de los descontentos será abstenerse y continuar negociando cada partida a través de las enmiendas parciales, las que concretan cada euro de gasto.