Aunque la reforma del sistema de pensiones es una de las prioridades del Gobierno para los próximos meses, pretende llevarla a cabo evitando la confrontación social que se suscitó con el decreto del tijeretazo y la reforma sin consenso del mercado laboral que desembocó en la huelga general del 29 de septiembre y, sobre todo, en una caída en picado de la popularidad del Ejecutivo y del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, y ante la presión de sus barones territoriales (con los que se reunió el pasado martes y que deben afrontar en mayo unas elecciones de vaticinio adverso), Zapatero ha optado por eliminar de su propuesta los aspectos más conflictivos, en particular el retraso de 65 a 67 años de la edad de jubilación obligatoria.

La sola insinuación de esta medida topó desde un principio con la oposición de los sindicatos. De hecho, el Gobierno estudiaba esta posibilidad después de la huelga general como vía de acercamiento a las centrales sindicales. Ahora, las fuentes socialistas consultadas aseguran que el Ejecutivo ha descartado incluir en su proyecto esa prolongación de la vida laboral, a fin de aprobar con el máximo consenso político y social esta reforma, orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y contentar, de paso, a los mercados financieros.

MEDIDAS DURAS Esta cuestión se abordó el martes en la reunión del Consejo Territorial del PSOE --órgano del que forman parte todos los presidentes autonómicos y los secretarios generales de las federaciones socialistas--, que llevan varias semanas pidiéndole al Gobierno que "no haga más sangre" a su base electoral tradicional y que no plantee "medidas tan duras" como las adoptadas la pasada primavera, dado que afectan especialmente a sus votantes. Básicamente, porque atribuyen a esas decisiones impopulares la desafección de los ciudadanos que más sufren la crisis.

Los barones, que tienen apenas seis meses para intentar darle la vuelta a las encuestas, mostraron en ese encuentro su preocupación por el daño que podría causarles una vuelta de tuerca más a su electorado y otro enfrentamiento con los sindicatos, ahora que el clima político se ha tranquilizado tras el pacto con el PNV y el cambio de Gobierno.

De ahí que Zapatero les explicara su intención de plantear la reforma de las pensiones con calma y sin prisas para, en primer término, apostar por el consenso político, del que ya participan PNV y Coalición Canaria, pero que quieren extender a los demás grupos de la Cámara. De hecho, el Gobierno esperará a que pasen las elecciones catalanas para presentar su proyecto e intentar conseguir el respaldo de CiU y también de la izquierda parlamentaria que, en este último caso, será más fácil de lograr si los sindicatos apoyan también la reforma. El Ejecutivo se muestra bastante optimista sobre esta posibilidad: en la reunión que los barones del PSOE mantuvieron con Zapatero, los tres vicepresidentes y el ministro de Trabajo, se llegó a acariciar la posibilidad de que hasta el PP se podría ver forzado al acuerdo para no quedarse solo en la comisión del Pacto de Toledo. Aunque ahora todos cruzan los dedos para que la crisis de la deuda irlandesa no trunque esas esperanzas.

AÑOS COTIZADOS Según las fuentes citadas, el Gobierno socialista podría renunciar también a aumentar el número de años cotizados para tener derecho a recibir una pensión contributiva, que seguiría fijado en 15 años, como ahora. Pero como la reforma tiene que lograr un ahorro que garantice la sostenibilidad del sistema y la reducción del déficit, las modificaciones se plantearían en una ampliación del periodo de cómputo a 30 años o, incluso, a toda la vida laboral para poder acceder a la pensión máxima. Además, habrá medidas dirigidas a lograr que la jubilación se produzca realmente a los 65 años y que se centrarían, básicamente, en impedir prejubilaciones, pero también en fomentar incentivos para los que, voluntariamente, retrasen su retiro.