La polémica por la retirada de la estatua ecuestre de Franco en Madrid subió ayer varios enteros con las intervenciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del líder del PP, Mariano Rajoy. Zapatero respaldó la retirada del monumento al afirmar que "es impensable que en una democracia europea haya recuerdos a dictadores en ámbitos públicos". El presidente aseguró que se trata es de un debate sobre "valores democráticos, no de izquierdas y derechas, más allá del respeto a las opiniones de cada cual", concluyó.

Rajoy, por su parte, acusó al presidente del Gobierno de "romper el espíritu de la transición" y lamentó que 30 años después de la muerte de Franco "esté revolviendo el pasado", lo que calificó de "una enorme irresponsabilidad".

En el campo socialista, la nota discordante la dio el ministro de Defensa, José Bono, que en una velada crítica a la retirada de la estatua dijo que "los enemigos de hoy no son los muertos". Bono evitó contestar si también será retirado el monumento ecuestre del dictador que todavía permanece en la Academia Militar de Zaragoza y declaró que la división ideológica entre los ciudadanos que provocan los símbolos franquistas "quizá no sea acertada". No obstante, adelantó que acatará la decisión de la comisión interministerial, a la que el Gobierno ha encargado un informe sobre qué destino debe dar a otros monumentos similares. La conclusión se remitirá en junio al Congreso.

DISCREPANCIAS EN EL PP En el seno del PP también se registraron discrepancias sobre este asunto. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, optó por no pronunciarse, aunque no se mostró beligerante con la decisión, y el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, declaró que los símbolos "que choquen con el espíritu constitucional no tienen cabida en la actualidad".

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, mantuvo el enfrentamiento con el Ejecutivo, al que acusó de situar "el debate permanentemente en el pasado y hacer lecturas parciales de nuestra historia". Zaplana fue más allá al calificar al Gobierno socialista como "el más radical de la historia democrática".