Todo está a punto. Gobierno y ETA han nombrado ya a sus respectivos interlocutores --aunque sus identidades, por ahora, son secretas-- y han elegido el escenario donde celebrarán su primer encuentro formal. Solo falta un mero trámite: que José Luis Rodríguez Zapatero anuncie, esta semana en el Congreso, el inicio del diálogo con la banda terrorista. "Diálogo, no negociación", matizan fuentes oficiales. Porque, aseguran, Zapatero sólo autorizará una negociación sobre el futuro de los miembros de ETA y de sus presos cuando la organización haya anunciado que transforma su alto el fuego, ahora "permanente", en "definitivo". Es decir, cuando no tenga marcha atrás.
En este largo y tortuoso proceso, cada palabra cuenta. En los contactos indirectos que precedieron a la tregua vigente desde el 24 de marzo, Zapatero exigió, a través de sus intermediarios, que el comunicado de la banda añadiera a la declaración de alto el fuego el adjetivo de "permanente". Su objetivo era que ETA superara la ambigüedad de su anterior tregua --la de septiembre de 1998, que calificó de "indefinida"-- y que siguiera los pasos del IRA, que en 1994 decretó un "alto el fuego permanente" que abrió el camino a la pacificación de Irlanda del Norte.
TRES AÑOS Y TRES MESES Las otras condiciones de Zapatero para autorizar el inicio del diálogo, fijadas hace más de un año y comunicadas a la cúpula etarra en agosto del 2005, eran que la banda superara los tres años sin víctimas mortales y tres meses de cese total del terrorismo desde que se produjera la declaración de alto el fuego.
El primer requisito se cumplió el 30 de mayo; el segundo, el pasado sábado, puesto que la policía y los servicios de inteligencia aseguran que los sabotajes registrados en las últimas semanas no son obra de ETA, y que las cartas de extorsión detectadas fueron enviadas antes del alto el fuego. La verificación del cese de actividades es fruto de contactos directos con la banda, que se ha desvinculado de estos episodios.
Cuando los emisarios de Zapatero mantengan la primera entrevista con ETA, la principal exigencia será que los etarras den un paso más: la declaración del "alto el fuego definitivo". El Gobierno comunicará a sus interlocutores que, para respetar el principio democrático de que la paz no puede tener contrapartidas --ni políticas ni de ningún otro tipo--, no cabe negociación alguna mientras persista la amenaza de la violencia.
LA DISOLUCION El cese definitivo del terrorismo, que el Gobierno espera se consume en un plazo de tiempo relativamente corto, permitiría a Zapatero constituir una mesa de negociación estrictamente técnica, aunque no por ello menos compleja.
El desarme, las causas que los terroristas en activo tienen pendientes con la justicia, la flexibilización del régimen penitenciario aplicable a los presos etarras y su progresiva excarcelación y el regreso a Euskadi de los huidos, así como la futura reinserción social y laboral de todos ellos, serán algunos de los aspectos a tratar con la banda. Una negociación que puede prolongarse varios años y que debería desembocar en un comunicado mediante el cual la banda terrorista anunciara su disolución.
En paralelo, Zapatero aceptará también que los socialistas vascos participen en una mesa de partidos junto a la izquierda aberzale siempre que Batasuna haya recobrado la legalidad, con otro nombre y previo rechazo de la violencia. Pero, una vez más, condiciona la apertura de ese "diálogo político" sobre el futuro estatus de Euskadi a que el cese del terrorismo sea definitivo.
