El 18% de los conductores extremeños reconoce haber cometido delitos contra la seguridad vial, entre ellos conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, circular sin permiso o ir a más de 200 kilómetros por hora por una autopista.
Los datos se recogen en un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa y probablemente se deben a que los infractores tampoco parecen conocer su existencia. Y es que 228.000 conductores extremeños ignoran que pueden ir a la cárcel por una cuestión relacionada con la seguridad vial y cerca de 283.000 no saben que conducir bajo la influencia de las drogas puede provocar el ingreso en prisión.
MAYORES PENAS / Sorprendentemente, pese a su alto grado de desconocimiento, la inmensa mayoría de los extremeños (93%) está a favor de mantener las penas de cárcel en los delitos contra la seguridad vial e incluso un 12% apuesta por endurecerlas aún más. Además, muchos ciudadanos de Extremadura reclaman tipificar más conductas como delitos contra la seguridad en el tráfico.
Así, el 58% cree que llevar a los niños en el coche sin sistema de retención infantil debería ser delito, el 42% incluiría en el Código Penal manipular el móvil mientras se conduce, un 41% conducir sin seguro obligatorio y un 38% cualquier positivo en alcohol independientemente de la tasa.
A pesar de la labor de la Fiscalía y los jueces, la percepción de los extremeños es que la justicia no es igual para todos.
De hecho, el 80% cree que las sentencias contra los conductores famosos son más blandas de lo que deberían y un 15% exige más dureza con ellos, con el objetivo de potenciar la ejemplaridad en la sociedad.
Así se desprende del «exhaustivo» estudio ‘Delitos y criminalidad vial en España. Evolución de la delincuencia contra la seguridad vial (2012-2015)’, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial cuando se cumplen 10 años de la reforma del Código Penal en esta materia, para hacer balance y debido a que se ha incrementado el número de fallecidos en España los últimos tres años.
El informe analiza más de 580.000 juicios por delitos contra la seguridad vial y unas 450.000 condenas impuestas entre 2012 y 2015, y se completa con una encuesta a 1.700 conductores de toda España.
