Las elecciones a las Cámaras de Comercio extremeñas tendrán lugar, previsiblemente, en 2018, consecuencia de adaptar el régimen electoral a la ley nacional en la nueva norma regional que regula estas entidades, que la Junta prevé aprobar en Consejo de Gobierno y remitir a la Asamblea en el mes de octubre.

El Consejo de Gobierno regional se pronunció ayer favorablemente respecto a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura y acordó someterlo a dictamen del Consejo de Estado. Según la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, el anterior Gobierno del PP «incumplió el mandato y la obligación» de hacer la nueva norma para adaptarla a la legislación estatal básica antes del 31 de enero, como fecha máxima, por lo que el PSOE se puso a trabajar en ello al inicio de la legislatura.

Según detalló, la nueva ley regional se modifica el sistema de elección de los miembros del pleno, máximo órgano de representación de las Cámaras de Comercio. Así, estará formado por 30 miembros: 20 elegibles, otros 6 representarán a empresas y personas de reconocido prestigio a propuesta de las organizaciones empresariales representativas en la región y otros 4 serán la voz de las empresas de mayor aportación voluntaria.

Con el nuevo texto se refuerza «el carácter representativo» de toda la actividad económica regional y no solo de un sector determinado, ya que se establece el principio de adscripción obligatoria de todas a las empresas a las cámaras provinciales, «sin que ello suponga una obligación económica». Por otra parte, se adapta el régimen electoral a la ley nacional, por lo que, previsiblemente, las elecciones a las Cámaras extremeñas tendrán lugar en el año 2018.

«Esto, además, permitirá que se puedan hacer también las elecciones nacionales, que no se podían realizar si todas las comunidades no tenían hechas las suyas», aseguró Gil Rosiña. Además, establece un nuevo modelo de financiación de las Cámaras que cuenta con dos pilares: la prestación de servicios a las empresas y trabajadores; y las aportaciones voluntarias.

IMPRESCINDIBLES // La portavoz quiso destacar que las Cámaras de Comercio, que mantendrán su «naturaleza de corporaciones de derecho público», son «imprescindibles» para la actividad económica y deben adaptarse a la nueva realidad empresarial en la región y tener un papel más activo de apoyo a la pyme, «columna vertebral de la economía regional». En la región hay 64.500 empresas que están afectadas por la nueva ley, según cálculos de la Junta de Extremadura.

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno autorizó ayer encargar a la empresa pública GPEX el desarrollo de las actuaciones para la conservación, sensibilización y fomento de los recursos piscícolas, con una financiación de 353.387 euros. El objetivo de las actuaciones es conocer el estado de conservación y evolución de las diferentes especies piscícolas y de sus hábitats y garantizar la calidad de las aguas, así como reforzar las poblaciones naturales de especies piscícolas autóctonas.