Tres cuartas partes de la región se consideran "zona rural prioritaria" para la aplicación de la Ley nacional de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. Esta ley entrará en vigor en el 2010. En concreto, las zonas prioritarias de primer nivel, que serán ocho y que abarcarán a 275 pueblos, tendrán una especial atención. Es decir, que tendrán preferencia en recibir las ayudas e iniciar los proyectos que se establezcan en este nuevo marco. Las otras cuatro zonas que establece la ley serán consideradas zonas intermedias (de segundo y tercer nivel, que tendrán un plan específico a medio y largo plazo) y quedan excluidas del ámbito de aplicación las siete grandes ciudades de la región.
La ley contempla la gestión y ejecución en el ámbito rural de materias sanitarias, educativas, culturales y sociales --entre otras-- que serán coordinadas transversalmente por todas las consejerías y los ministerios.
"El contenido de la ley es multisectorial y se concreta en un Programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual que afecta desde la agricultura a la diversificación económica, hasta las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos, educación, sanidad, urbanismo y vivienda. Además, prevé una aplicación transversal con la participación de todas la administraciones públicas, los ministerios y el sector privado". Así lo explicó ayer el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, durante su comparecencia en la comisión en la Asamblea, en la que informó a petición propia sobre la puesta en marcha y la aplicación de la ley.
A los efectos de esta norma, el consejero anunció que el medio rural extremeño se compone por todos los municipios de la comunidad autónoma. Las siete grandes ciudades serán zonas urbanas. Por otro lado, las pedanías podrán ser consideradas también como rurales. Los municipios se han delimitado en doce zonas, seis en Badajoz y seis Cáceres.
Además, la ley prevé la constitución del Comité Autonómico de Desarrollo Rural como órgano de representación colectivo y la puesta en marcha de un programa piloto en las dos zonas de mayor dificultad socioeconómica --Villuercas-Ibores-Jara y La Siberia--. Este experiencia está dotada con tres millones de euros.
CONTRASTE DE OPINIONES Vázquez señaló, en su turno, que es una normativa "muy completa" y que "llena un vacío legislativo". En esta línea, valoró que por primera vez exista una política nacional de desarrollo rural y destacó que "reforzará" el modelo de desarrollo territorial "equilibrado, sostenible y solidario propugnado por la Junta".
Por su parte, el diputado del PP Manuel Barroso criticó que es una ley "demasiado complicada y con un gran problema ya que crea muchos órganos pero no tiene dinero". En ese sentido, ha especificado que en principio estaba dotada con 3.000 millones de euros, aunque con posterioridad el Gobierno rebajó a la mitad su presupuesto. En su turno explicó que esta normativa se aprobó en diciembre del 2007 para aplicarse en el 2008, por lo que reprochó el retraso de una ley y manifestó que "se está aplazando el futuro de los extremeños del mundo rural".
En su turno, la diputada del PSOE María Sol Mateos, estimó, sin embargo, que la ley es "vitalista, ambiciosa y muy valiente". En su opinión supondrá "un revulsivo" para Extremadura ya que es "la primera vez se concibe las políticas rurales como una política de Estado".
