300.000 extremeños respiraron durante 2016 aire contaminado por encima de los límites legales que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Informe anual de Calidad del Aire de la entidad Ecologistas en Acción de Extremadura.
En el estudio se analizan los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el territorio español, entre ellas las siete estaciones extremeñas.
La organización ha concretado que este número corresponde a los habitantes de los municipios de Almendralejo, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena.
Según este informe, la superficie expuesta a estos niveles de contaminación, que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales, alcanzó 2.000 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, la asociación ha asegurado que la totalidad de la población y del territorio de Extremadura estuvo expuesta durante el pasado año a unos niveles de contaminación que superan los recomendados por la OMS.
Entre las causas de este problema, ha señalado el cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables.
Durante 2016, en la región se produjo una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, pero aumentaron los de ozono troposférico, que "se extiende desde las ciudades hasta zonas más alejadas y rurales", ha explicado.
Este contaminante es el que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles "estacionarios, o incluso al alza, que se deben al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas durante el verano".
Ecologistas en Acción ha asegurado que el descenso del resto de contaminantes del aire fue consecuencia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una menor estabilidad atmosférica, y, en menor medida, de la reducción de la producción eléctrica en centrales térmicas.
No obstante, ha mostrado su preocupación por el repunte del tráfico por carretera, el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles, el aumento del consumo de electricidad y el abandono de las energías renovables.
También ha recordado que la Junta se ha comprometido a elaborar un protocolo de información, especialmente destinado a la población sensible, porque "las administraciones públicas no informan a la ciudadanía de manera adecuada ni ajustada a la gravedad del problema".
Por último, los ecologistas han pedido que la contaminación sea abordada como un problema de primer orden, puesto que "cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de las que unas 1.800 están relacionadas con el ozono troposférico.
Estas afecciones tienen unos costes sanitarios de casi 45.000 millones de euros al año, un 3,5% del PIB español, ha añadido.
